Por Javier Pappalardo
La Argentina atraviesa una recesión que no siempre ocupa el centro de la escena, pero que se manifiesta con claridad en la vida cotidiana: comercios que cierran, jubilaciones que no alcanzan y una actividad productiva que pierde impulso. En ese contexto, el Gobierno exhibe como principal logro el equilibrio fiscal. La pregunta que empieza a imponerse es si ese equilibrio, por sí solo, alcanza para sostener un proceso económico viable.
La estabilización de las cuentas públicas era una condición necesaria después de años de desorden. Pero confundir ese punto de llegada con un programa económico integral implica un riesgo evidente. El equilibrio fiscal ordena, pero no expande. Y una economía que no se expande, tarde o temprano, vuelve a desordenarse.
Los datos muestran una desaceleración inflacionaria respecto de los picos iniciales, pero ese proceso convive con una persistente pérdida del poder adquisitivo. La inflación sigue en niveles significativos para una estructura de ingresos debilitada, mientras que los indicadores tradicionales no logran reflejar con precisión el impacto de los servicios en el gasto real de los hogares. El resultado es una percepción social que no coincide con la narrativa oficial.
En paralelo, el esquema económico exhibe tensiones crecientes. La recomposición de precios relativos se ha traducido, en los hechos, en una caída del salario real y en una contracción del consumo. Esa dinámica impacta directamente en el entramado productivo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan costos crecientes en un contexto de demanda retraída. La economía ajusta por recesión, y ese tipo de ajuste tiene un límite y ese es el momento en que empieza a erosionar su propia base de sustentación.
No se trata de cuestionar el objetivo del orden fiscal, sino de advertir sobre sus límites cuando no está acompañado por un horizonte de crecimiento. La experiencia internacional es clara en este punto. Grecia logró estabilizar ciertas variables, pero al costo de profundizar la recesión y deteriorar su tejido social. La lección es conocida, pero no siempre asumida: la austeridad sin crecimiento no reduce la deuda, la vuelve más pesada. En el caso argentino, ese desafío se proyecta tanto hacia el frente externo como hacia la organización interna del país. La relación con los organismos de crédito exige una discusión que contemple no solo la disciplina fiscal, sino la capacidad efectiva de generar divisas. Sin producción suficiente, sin agregado de valor y sin una estrategia exportadora consistente, el repago deja de ser una proyección y se convierte en una presión permanente.
Pero el problema no se agota en el vínculo con los acreedores. Hacia adentro, la cuestión federal reaparece como una tensión estructural no resuelta. La distribución de recursos y oportunidades entre Nación y provincias sigue siendo desigual, y en contextos de ajuste esas asimetrías tienden a profundizarse. No todas las jurisdicciones absorben el mismo impacto ni cuentan con las mismas herramientas para afrontarlo, lo que introduce un factor adicional de fragilidad en cualquier programa económico.
En este escenario, la discusión de fondo no es elegir entre ajuste o crecimiento, sino comprender que uno sin el otro carece de sentido. La estabilidad macroeconómica solo es sostenible cuando se apoya en un proceso de expansión que genere empleo, ingresos y divisas genuinas. Sin ese componente, el equilibrio fiscal corre el riesgo de transformarse en un fin en sí mismo, desconectado de la realidad que pretende ordenar.
La historia económica argentina ofrece suficientes antecedentes de estabilizaciones que no lograron consolidarse precisamente por esa ausencia. Evitar esa recurrencia exige algo más que disciplina: requiere planificación, inversión y una estrategia de desarrollo que articule al sector público con el privado. Porque el mercado, por sí solo, no corrige desigualdades ni garantiza expansión sostenida.
La Argentina enfrenta, una vez más, una encrucijada conocida. Puede consolidar un orden fiscal sin crecimiento, con costos sociales crecientes y resultados frágiles, o puede avanzar hacia un equilibrio que funcione como plataforma para el desarrollo. La diferencia entre uno y otro camino no es técnica, es política. Y, sobre todo, es una decisión sobre qué país se está dispuesto a sostener .
