La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno, bajo la conducción de Matías Losinno, exhibe un resultado positivo de $249 millones mientras enfrenta una sentencia en segunda instancia favorable a CAMMESA por más de mil millones. La contradicción ya no es técnica, es insostenible.
La Asamblea Anual de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno volvió a escenificar una imagen de orden y crecimiento apoyada en la presentación de un balance positivo de 249 millones de pesos, en la enumeración de proyectos estratégicos y en un discurso institucional que insiste en la expansión de servicios como signo de fortaleza. Pero esa construcción, que en apariencia transmite estabilidad, se vuelve inevitablemente frágil cuando se la coloca frente al dato que define el verdadero cuadro de situación y que no puede ser desplazado a un segundo plano sin afectar la credibilidad de todo lo demás.
Porque mientras se informa un resultado favorable, la CEyS Mariano Moreno enfrenta una sentencia en segunda instancia favorable a CAMMESA por una suma que supera los mil millones de pesos, a la que deben sumarse intereses, costas y honorarios, lo que no constituye una hipótesis remota ni una contingencia abstracta, sino un pasivo de una magnitud tal que, de materializarse en su ejecución, tiene la capacidad de absorber no solo el resultado presentado sino varios ejercicios completos, alterando de manera radical cualquier lectura optimista del presente.
Y es en ese punto donde la cuestión deja de ser contable para convertirse en un problema de transparencia institucional, porque el núcleo del debate no radica en si los números formalmente cierran, sino en si expresan con fidelidad la realidad económica que enfrenta la Cooperativa, ya que ningún balance puede ser considerado representativo si omite, minimiza o diluye un factor que tiene la potencialidad de redefinir por completo su estructura patrimonial.
Dicho sin rodeos, el problema no es que el balance sea positivo, sino que ese resultado, presentado en forma aislada, pierde toda capacidad de describir la situación real cuando convive con una obligación judicial que lo multiplica varias veces, lo que transforma ese dato en un elemento que, en cambio, puede inducir a una lectura equivocada por parte de los asociados, quienes tienen derecho a conocer no solo el resultado de un ejercicio, sino el escenario completo en el que ese resultado se inscribe.
En ese contexto, la conducción de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno no puede limitarse a exhibir superávit y anunciar proyectos como si ambos planos fueran independientes, porque la existencia de una sentencia de esa escala obliga a explicar con precisión cómo se articulan esas decisiones con el riesgo cierto que enfrenta la entidad, ya que sin esa explicación la planificación deja de ser una proyección sustentable para convertirse en una apuesta que descansa sobre un equilibrio extremadamente precario.
Así, lo que se presenta como un balance en verde empieza a revelar su verdadera naturaleza como una fotografía incompleta, tomada desde un ángulo que excluye el elemento más determinante del cuadro, y cuando esa omisión se vuelve evidente, la discusión deja de girar en torno a la técnica contable para instalarse en el terreno de la confianza, porque lo que está en juego no es únicamente la consistencia de los números, sino la relación entre quienes administran la cooperativa y la comunidad que depende de ella.
La contabilidad puede ordenar cifras y construir informes prolijos, pero no tiene la capacidad de neutralizar el impacto de una sentencia de esta magnitud. Y cuando ese impacto se impone en los hechos, el contraste entre el relato del crecimiento y la realidad de la deuda no admite explicaciones intermedias, porque en ese momento deja de discutirse si el balance era correcto o no, y pasa a quedar en evidencia algo mucho más grave, y es que el problema nunca fue la falta de números, sino la falta de verdad.
El Lobo
