(Por María Laura Sansalone – Licenciada en Nutrición (MP 554) – Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires)
Hablar de alimentación es complejo y profundo, ya que más allá de la definición biologisista que la define como el primer tiempo de la nutrición y cuya finalidad es la degradación de alimentos a sustancias absorbibles y utilizables, la alimentación es también un derecho innegable y absoluto de la existencia y que está atravesado por dimensiones culturales, económicas, sociales, ambientales y hasta emocionales.
En el despliegue de elementos que influyen directamente en la alimentación podemos identificar inicialmente a la disponibilidad alimentaria, donde los recursos naturales y la industrialización juegan un rol clave; el acceso al alimento, donde la relación costos-ingresos la definen, el acto de alimentarnos que en sí mismo está condicionada por nuestras creencias y valores que fuertemente hemos forjado desde nuestros primeros años de vida y que nos identifican como personas y como grupos sociales y, por último, la capacidad de aprovechamiento biológico que lo marca el estado de salud y nutrición de ese individuo.
El contexto actual de emergencia sanitaria y la vulnerabilidad social emergente asociada a la pandemia de COVID-19, nos obliga a repensar nuestra forma de vivir, nuestra forma de adquirir el alimento, nuestra forma de cocinar, nuestra manera de vincularnos con el alimento, en fin nuestra forma de alimentarnos; y con ello es donde hoy se empieza a resignificar el valor del alimento, más allá de lo estrictamente nutricional.
Sabemos que el componente nutricional y alimentario es clave para el cuidado integral de los individuos a fin de contribuir a las situaciones fisiológicas de mayor requerimiento energético y nutricional como lo son los procesos de crecimiento y desarrollo en niños y adolescentes, en el embarazo, periodo de lactancia, y adultos mayores principalmente.
Por su parte, la alimentación debe seguir acompañando a las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, como lo son la obesidad, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, entre otras. En todos los casos la inmunidad asociada a una buena nutrición es fundamental en esta situación sanitaria actual.
Durante este periodo, en los sectores más vulnerables la prevalencia de estados de malnutrición se incrementa, principalmente aquellos asociados a déficit calórico-proteico y deficiencias de micronutrientes.
El sobrepeso y la obesidad, como la otra cara de la malnutrición, asociada también en muchos casos a carencia de micronutrientes específicos, es una como enfermedad crónica no transmisible vinculada a numerosos factores de riesgo metabólicos y cardiovasculares con una creciente y preocupante prevalencia manifiesta en los últimos años.
La 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) realizada en el 2018-2019 evidenció que en el grupo de menores de 5 años, a nivel nacional, el bajo peso fue de 1,7% y la baja talla del 7,9% mientras que el peso excesivo (datos de sobrepeso y obesidad acumulados) fue del 13,6%. En cuanto a la población de 5 a 17 años a nivel del país, el 41,1% tuvo exceso de peso; el 1,4% delgadez y el 3,7% baja talla. En la población adulta, la prevalencia de exceso de peso fue de 67,9%, del cual un 34% fue sobrepeso y un 33,9% obesidad.
Es fundamental el diseño, planificación y ejecución de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la alimentación. El acceso a los alimentos protectores y la educación alimentaria son ejes fundamentales a abordar en el corto, mediano y largo plazo.
Las y los profesionales en nutrición son claves a fin de promover y desarrollar acciones en materia de economía familiar y comunitaria, consumo responsable, compra solidaria como así también la vuelta a lo casero. En los últimos tiempos se han incrementado la conformación de redes de cooperación y trabajo mediante alianzas intersectoriales, que promueven acciones basadas en la defensa de la soberanía alimentaria.