Si el objetivo de una misa es transmitir un mensaje de austeridad y reflexión, la que ofició el papa León XIV en Palermo logró exactamente lo contrario. O, mejor dicho, lo logró para la enorme mayoría de los fieles que siguieron la ceremonia a pleno sol, a una distancia considerable de donde las cosas realmente importaban.
Pero a pocos metros del altar, la postal era sensiblemente distinta. Ubicaciones VIP para los invitados, además de una carpa con aire acondicionado y catering de alta gama albergó a una nutrida comitiva de políticos, empresarios y figuras del espectáculo. La escena incluyó café caliente, medialunas frescas, budines y asientos en primera fila. Nada que una buena dosis de fe —y una acreditación exclusiva— no pueda conseguir. Los propios asistentes se encargaron de documentar el privilegio. Senadores e intendentes, como Pablo Petrecca, Juan Fiorini de Junin y, sí, María José Gentile, de 9 de Julio, inmortalizaron el momento en redes sociales (por qué esa necesidad de mostrar todo?), sonrientes y con vista privilegiada. El vinculo de los tres con Jorge Macri fue la puerta de acceso al evento en sector preferencial.
Ante el descontento social, la respuesta de las autoridades osciló entre el desmarque y la minimización del hecho. El Jefe de Gobierno porteño ensayó una disculpa gastronómica al admitir que «las medialunas y los budines estuvieron de más», aunque insistió en que no se trató de un lujo desmedido. Desde la Conferencia Episcopal, en cambio, la incomodidad fue evidente: trascendió que el sector eclesiástico había solicitado expresamente que las carpas del poder se ubicaran lo más lejos posible del altar.
El costo del «Papa-palloza»
Más allá del debate ético sobre los privilegios en un acto religioso, el foco de la controversia apunta al gasto público y la modalidad de contratación. El Gobierno nacional destinó $8.690 millones de pesos a la productora DF Entertainment —habitual organizadora del festival Lollapalooza— para la producción técnica de la misa y la vigilia juvenil. Según reveló el diario Perfil, la adjudicación se realizó A través de lla Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Diego Santilli, por contratación directa, bajo el expediente 79-0012-CDI26, sin licitación pública y omitiendo pasos habituales del régimen de compras estatales. El contrato incluyó el montaje del sector VIP, con capacidad para 4.000 invitados y 3.500 sillas. Mientras la productora argumentó que su rol se limitó a la parte técnica, los pliegos oficiales contradicen esa versión al incluir la infraestructura de dicho sector dentro de las prestaciones requeridas. En tanto, desde la Jefatura de Gabinete optaron por el silencio.
La oposición no tardó en reaccionar. Legisladores nacionales denunciaron que la suma de contrataciones de urgencia para el evento supera los $20.350 millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares), al tiempo que presentaron pedidos formales de explicaciones a la Secretaría General de la Presidencia y a Cancillería. Hasta el momento se desconoce el costo desagregado de la carpa VIP, dado que la facturación fue presentada bajo un renglón único. Un cierre opaco para una jornada donde la fe cotizó en bolsa y los privilegios quedaron expuestos bajo la lupa pública.







