La División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) y el Departamento de Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de la Bonaerense desarticularon una red de pedofilia que tenía asiento en varias localidades del Oeste.
La pesquisa se originó de manera conjunta entre países como Argentina, República Dominicana, Ecuador, Chile, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, Perú, México y Estados Unidos a partir de los constantes monitoreos virtuales con herramientas tecnológicas avanzadas que permitieron individualizar usuarios en línea que distribuían material obtenido del abuso sexual a menores de edad.
Esto se complementó con el descubrimiento de los lugares de conexión de los implicados y la vinculación de sus acciones con las pruebas obtenidas del tráfico de los archivos, por lo que se exhortó a los magistrados de los departamentos judiciales de La Matanza, Morón, Mercedes, San Martín y Moreno-General Rodríguez, entre otros, para llevar a cabo un total de 140 allanamientos simultáneos en todo el territorio nacional.
Como resultado, según informó el portal Vivieloeste, los efectivos de ambas fuerzas concretaron la detención de 30 personas (siete de ellas en la provincia) que utilizaban una plataforma social de producción y transmisión «peer-to-peer» de este contenido ilegal e individualizaron a 75 víctimas, además de secuestrar un cúmulo importante de dispositivos informáticos relacionados con la causa.
En el caso puntual de Buenos Aires, la circulación del material fue corroborada durante el periodo comprendido entre el 30 de agosto y el 6 de octubre de este año mediante una cadena de computadoras en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino con una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí.
El procedimiento dentro de las 62 localidades bonaerenses se denominó «Operación Protección de las Infancias II» y su ejecución fue comandada por el secretario de Política Criminal de la Procuración General provincial, a cargo del Doctor Francisco Pont Vergés.
(InfoGEI) Mg