Por Juan Manuel Jara
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires emitió un veredicto determinante sobre el ejercicio financiero 2024 de la Municipalidad de 9 de Julio. Si bien el organismo aprobó la rendición de cuentas en general, el fallo 123/2026 deja también severos cuestionamientos y medidas disciplinarias que impactan directamente en la cúpula del ejecutivo local. La resolución, firmada por los vocales y el presidente del cuerpo, delinea un escenario de irregularidades administrativas que han derivado en multas económicas y amonestaciones para los principales responsables de la gestión.
La figura más comprometida en este dictamen es la actual intendente, María José Gentile, quien deberá enfrentar una multa de $ 900.000,00. Esta sanción pecuniaria surge de una serie de fundamentos detallados en los considerandos del tribunal que apuntan a fallas en la transparencia o en los procedimientos de ejecución presupuestaria. El fallo establece un plazo de noventa días para que este importe sea depositado en las cuentas fiscales de la provincia, bajo la advertencia de que cualquier incumplimiento derivará en la intervención del Fiscal de Estado.
El alcance de las sanciones se extiende como un efecto dominó sobre el gabinete municipal. El contador Pablo Argentino Ravena y los hoy ex subsecretarios de contrataciones, Pablo Sebastián Bonfiglio y Ticiana Rocío Imas, han recibido amonestaciones formales por su desempeño. Asimismo, una larga lista de funcionarios, que incluye a Llamados de Atención a la Directora General de Recursos Humanos María Requeiro, a la Directora de Ingresos Públicos María Fernanda Bancora, al Secretario de Gobierno Víctor Hugo Altare, a la Secretaria de Gobierno Joselina Rodríguez, al Secretario de Administración y Hacienda, responsable del Sistema de Bienes Físicos Víctor Manuel Bordone y al Tesorero Municipal Salvador René Rojas. Estos apercibimientos, aunque menos gravosos que la multa económica, constituyen una mancha en el historial administrativo de la gestión actual y pasada.
Sin embargo, el aspecto más inquietante del informe sobre la gestión 2024 no reside en lo que ya se ha juzgado, sino en lo que queda pendiente. El Tribunal ha decidido mantener en suspenso su pronunciamiento sobre varios puntos críticos de la auditoría. Esta «reserva de responsabilidad» afecta tanto a la intendente Gentile como a su predecesor, Mariano Barroso, junto a otros secretarios de áreas estratégicas como Secretarios de Gobierno Víctor Hugo Altare y Joselina Rodríguez, los Secretarios de Urbanismo y Vivienda Osvaldo Rubén Fons y Martín Banchero, el Secretario de Obras y Servicios Públicos Enrique Merlo, el Intendente Interino Paolo Barbieri, el Contador Pablo Ravena y la Asesora Legal y Técnico Miriam Aurora Lorenzo. Para estos funcionarios, la aprobación de las cuentas no significa un cierre definitivo ya que el tribunal ha dejado claro que no están exentos de responsabilidad legal hasta que se profundice en el estudio de las materias postergadas.
La resolución también ha ordenado dar intervención a la Dirección General de Cultura y Educación sobre puntos específicos detectados durante la auditoría. Mientras algunos funcionarios fueron liberados de responsabilidad tras subsanar observaciones previas, el grueso de la administración de 9 de Julio permanece bajo la lupa de la Relatoría Zonal.
El fallo 123/2026 establece un protocolo de cumplimiento estricto. Los funcionarios multados disponen de un plazo de 90 días para depositar el dinero en cuentas fiscales específicas, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, intervendrá el Fiscal de Estado. No obstante, la normativa otorga un margen de 15 días para que los afectados puedan apelar la resolución o iniciar una demanda contencioso-administrativa si consideran que las sanciones son injustas.
En un contexto de creciente demanda por la transparencia pública, este fallo del Tribunal de Cuentas funciona como un recordatorio de que la aprobación formal de un presupuesto no siempre equivale a una gestión libre de irregularidades.
