El arquitecto Martín Banchero, Secretario de Vivienda y Urbanismo de 9 de Julio estuvo invitado a ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) y se refirió a los ejes temáticos que abarcan su gestión como el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, que incluye no solo la propia ciudad cabecera sino las localidades del interior del distrito, la Ley 8912 y su impacto en el urbanismno, las nuevas regulaciones de densidad y áreas verdes, las nuevas exigencias y beneficios en los loteos. También se refirió al basural y el protocolo de contingencia que se prepar a camino al inminente verano y la importancia de reducir residuos orgánicos.
TPT: Vamos a hablar del nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), que parece medio «chino» para el ciudadano común. ¿Podés bajarlo a la comprensión de la audiencia?
Martín Banchero: Sí, está bueno explicarlo. Empezamos hace más de un año. Previamente trabajamos en el Código de Edificación —que dice cómo construir y qué tecnología usar—, y a la gente a veces le cuesta diferenciarlo. El Código de Ordenamiento Urbano y Territorial es una parte de algo más amplio que en 9 de Julio no se hacía desde 1998: un Programa de Ordenamiento Urbano y Territorial.
Ese programa tiene varias etapas, la última aprobada hace pocos días, y de ahí surge el nuevo Código. Desde el 98 solo se habían hecho actualizaciones del Código Urbano, que abarca únicamente la ciudad. Esto es urbano y territorial: comprende todo el partido, todo el distrito. A diferencia de otras ciudades de la zona que tienen dos, tres o cuatro localidades, 9 de Julio tiene 11.
TPT: Más los parajes.
MB: Más los parajes; son 23 en total.
TPT: Y están todos incluidos.
MB: Está todo estudiado e incluido. Es muy complejo.
TPT: Hablaste de aprobación. ¿Lo aprueba el Concejo Deliberante?
MB: No. Cuando se termina esta última etapa, lo aprueba la DIPOT (Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial) de la provincia de Buenos Aires. De ahí pasa al CFI (Consejo Federal de Inversiones), que es quien financió el proyecto, y recién después vuelve acá. Normalmente, un código así tarda seis o siete meses en aprobarse en la DIPOT, pero nosotros lo estamos trabajando en paralelo con la Provincia —junto a la DIPOT, la Autoridad del Agua (ADA), Hidráulica, el CFI— y con actores locales: arquitectos, agrimensores, técnicos, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, la CEyS Mariano Moreno y las cooperativas de los pueblos. Fue muy ambicioso en lo participativo, lo que nos llevó mucho tiempo para cerrarlo.
Además, el CFI nos comentó que está complejo el tema económico y durante el año desaprobó automáticamente casi todas las presentaciones; las únicas dos aprobadas fueron las de 9 de Julio (una en marzo y la última hace pocos días). Ya nos queda la etapa final. El código aborda la articulación de cada localidad con la ciudad cabecera y entre sí —por ejemplo, la relación de Morea o 12 de Octubre con Dudignac, de La Niña con Quiroga, o el vínculo de Quiroga con ciudades vecinas de otros partidos como Carlos Casares o Lincoln—, además de temas sensibles como los bañados. Sin embargo, el 90% se resume en las nomenclaturas: qué porcentaje del terreno se puede construir y qué altura se permite.
TPT: Tiene que ver con los loteos también.
MB: Claro, sí.
TPT: Con los loteos y la altura de construcción, ¿hay un límite?
MB: Sí. Hay una ley marco que rige toda la provincia, el Decreto-Ley 8912 del año 1978, que es muy criticado porque data de la dictadura.
TPT: Por eso es criticado y no se ha logrado modificar…
MB: Yo estudio el urbanismo de ciudades pequeñas desde 2010. La ley tiene bondades y es flexible, pero fue pensada para el conurbano con la mentalidad del 78. La vida cambió. Todos los gobernadores desde 1983 dijeron que había que cambiarla, pero nunca es el momento. Es una norma compleja que pocos arquitectos se han tomado el trabajo de estudiar a fondo. Ese es nuestro marco: por ejemplo, la provincia permite hasta 18 o 20 pisos, pero después rigen los códigos locales.
TPT: El de 9 de Julio establece tres.
MB: En 9 de Julio hay distintas zonas. Tenemos el Área Central (algunas cuadras de Mitre, San Martín y Vedia); Residencial 1 (R1), que es la parte céntrica dentro de las ex cuatro avenidas; Residencial 2 (R2), hasta las circunvalaciones de Acceso Perón, Urquiza, Compairé y cuatro cuadras más allá de Agustín Álvarez; R3 cerca de la Ruta 65; R4 detrás de Compairé; y R5 en Ciudad Nueva. No vamos a modificar mucho esa división, pero sí lo que se puede hacer en cada sector.
Donde termina la ciudad empiezan las zonas complementarias, que son áreas de transición (de quintas) donde hoy se hacen loteos. En Complementario 2 el lote mínimo es de 4 hectáreas; en Complementario 1 es de 1 hectárea; en Complementario son 4 lotes por manzana, y en Residencial Extraurbano hasta 8 lotes por manzana. Todo eso se está reviendo.
Respecto a las alturas, en las avenidas se va a permitir un poco menos que aquellos edificios hechos por excepción en calle Vedia alrededor de 2010 o 2012: hablamos de planta baja y cuatro pisos (cinco en total). En R1 se permitirán planta baja y tres pisos, y estamos evaluando si en los cruces de avenidas se habilita un piso más para no invadir el corazón de manzana de los vecinos. También se regula la densidad: cuántas personas pueden vivir según los metros cuadrados. Hoy en el centro es de 500 a 750 habitantes por hectárea, y baja a 350, 250 o 150 en otras zonas. Si por cálculo corresponden cinco personas a tu terreno, solo podés hacer dos dormitorios (se calculan dos personas por cuarto); tres dormitorios ya exceden el límite.
TPT: Está claro que después la realidad choca con esa reglamentación.
MB: Exacto. Por eso apuntamos a sincerar la norma para evitar trampas. Con la densidad es fácil mentir: declarás una «sala de costura» o un «SUM» y después lo convertís en dormitorio. Los martilleros mismos lo reconocen, porque en su necesidad de vender a veces buscan esquivar el código. En resumen, el código define altura, densidad y superficie total edificable.
TPT: ¿Hay que dejar algún núcleo de área verde o pulmón verde?
MB: Muy buena pregunta, porque 9 de Julio era una de las pocas ciudades que no exigía «superficie absorbente». La Ley 8912 fija un Factor de Ocupación del Suelo (FOS) máximo del 60% (0.6) en zonas urbanas, y del 10%, 20% o 30% en zonas de quintas. Pero en 9 de Julio vos podías edificar el 20% y asfaltar el resto del lote, anulando la absorción de agua. Vamos a incorporar la exigencia de superficie absorbente: por ejemplo, en el centro, de ese 60% de FOS, aproximadamente la mitad deberá ser terreno absorbente, algo que estamos terminando de definir con agrimensores e ingenieros.
TPT: No hay vivienda social en construcción en el partido de 9 de Julio. Cuando aceptaste el cargo, llegaste con la ilusión de hacer. ¿No lo arrastrás como una frustración?
MB: Te cuento lo que estamos haciendo. A mí me sorprendió cuando me llamaron para el cargo. Creo que la intendenta María José Gentile me convocó por mi insistencia con los códigos cuando fuimos compañeros en el Concejo; más allá de nuestras disidencias ideológicas, siempre hubo respeto mutuo. Terminar los códigos fue duro, pero el tema de la vivienda para mí también es fundamental.
TPT: Te sumo dos temas para que los desarrolles juntos: el acceso a la tierra —que es difícil acá y en las localidades— y las nuevas formas de construcción.
MB: Dale, si me olvido de algo me repreguntás. El tema de la vivienda social me toca de cerca porque sé la demanda que hay y lo caros que están los alquileres para la familia trabajadora.
Cuando asumí, estaba paralizado el plan de las 32 viviendas del barrio Los Aromos. Hicimos innumerables viajes a La Plata y cumplimos con todo lo que pidió la Provincia —que está haciendo lo que puede en medio de la pelea de fondos con Nación, y con nosotros se portan muy bien pese a ser de otro color político—. Hace más de un año venimos gestionando rescindir el convenio de las 32 viviendas para hacer uno nuevo por 10. Pero si lo rescindo hoy, pierdo el juicio contra la empresa Pisolarium, que se quedó con un adelanto del 25% del valor de las 32 casas: el equivalente a ocho viviendas en mano.
TPT: ¿Dónde están ubicadas puntualmente?
MB: En Los Aromos. Vas por Azcuénaga, doblás a la derecha en Rivadavia, pasás el barrio de construcción en seco de la Caja de Policía, y ahí están: 7 viviendas al 60%, 10 al 35-40% (las que vamos a retomar) y el resto solo con cimientos y contrapiso.
Podría rescindir ya, pero es plata de los nuevejulienses. Somos un municipio chico con cuatro o cinco abogados contra una empresa que tiene 25 abogados especializados en litigar con municipios, aunque nos ayuda mucho el Ministerio de Hábitat. Desde que asumí, el representante de esa firma no hizo ni una obra más en 9 de Julio; incluso lo obligamos a arreglar fallas en el barrio desde diciembre hasta abril sin pagarle un peso. Cuando la Justicia acepte nuestra demanda, firmaremos el nuevo convenio por las 10 casas (que en tiempo de obra ya tienen un 60% de avance) y luego la Provincia se comprometió a terminar las otras 7 avanzadas. Por otro lado, tras caerse un proyecto de Cáritas con Nación en el ex playón municipal, presentamos un proyecto propio para hacer vivienda de interés social ahí, algo inédito para un municipio.
TPT: En Pisolarium estaba Iglesias como representante, que estuvo procesado…(Nota de la redacción: Guillermo Horacio Iglesias, representante de la Cooperativa de Trabajo Pisolarium Ltda., quien se encuentra procesado y enfrentando juicio oral por presuntos hechos de corrupción durante su gestión como Secretario de Obras Públicas del municipio de Pilar en la administración del ex intendente Nicolás Ducoté. Ambos imputados, junto con tros funcionarios y empresarios, en el juicio oral por presuntas irregularidades en fondos públicos, especificamente, administración infiel en perjuicio de la administración pública, vinculada al manejo de recursos nacionales destinados al Municipio de Pilar en convenios de 2016 (obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y programas de microcréditos / Fuentes: fiscales.gob.ar / Ministerio Publico fiscal – mpf.gob.ar)
MB: Creo que estuvo procesado. Yo trato de apartarme de esas coyunturas, aunque debo saber con qué bueyes aro. Él se desligó de la empresa y era solo un representante, así que el Municipio acciona contra la firma. Él manejaba dos o tres cooperativas con distintos nombres; terminó la Escuela 5 sin cobrar porque le hicimos rehacer trabajos, y nunca más le pedimos presupuesto.
TPT: ¿Y la calidad de esos trabajos en Los Aromos?
MB: Había defectos graves. Lo que se podía corregir se lo hicimos rehacer; algunas paredes se voltearon y otras quedaron con alguna falsa escuadra tolerable. Cuando se presupuesta una obra de $1.200 el metro a $500, pasan estas cosas, pero acá se excedió lo admisible.
TPT:: ¿Vos heredaste esa contratación?
MB: Sí, la heredé. Al principio de mi gestión había algo más de margen financiero y por norma debía pedirle presupuesto, pero aunque pasara precios más bajos, no lo contrataba porque sabía que había algo raro. Sí le exigí rehacer muchos vicios en la Escuela 1, donde creo que perdió plata.
TPT: ¿Eso fue contratación directa?
MB: Según el monto, se piden entre tres y siete presupuestos, o se va a licitación. Yo siempre pido cuatro o cinco.
TPT: ¿Y no hay empresas locales que tomen esas obras, a las que al menos se les pueda reclamar cara a cara?
MB: Soy de la idea de contratar gente nacida en 9 de Julio o con muchas obras acá, para poder señalarlos si fallan. Hicimos obras chicas con una empresa de Junín —de un excompañero de facultad que se portó de diez, hizo la escuela de Quiroga y cobró meses después—, pero después priorizo gente local. A Iglesias acá no lo conoce nadie y no va a volver. Con Pisolarium, que hace obras grandes en el conurbano, lo máximo que podemos lograr es que la Provincia no le licite más. No les conviene esa mancha, y por decisión política de nuestra intendenta vamos con los tapones de punta.
TPT: ¿Cómo funciona el control y los permisos de los loteos?
MB: El Código Urbano fija los parámetros y yo sumé requisitos amparándome en la Ley 8912. Cuando un terreno pasa de zona complementaria a residencial, el propietario obtiene un beneficio y debe pagar el COVI (contribución por mejoras o plusvalía). Además, si supera la hectárea, debe abrir calles y llevar tres servicios: antes se aceptaban dos (y algunos contaban la señal de celular como servicio), así que lo eliminé y exijo agua, cloaca y luz, aunque haya que hacer obras de ingeniería o pozos de bombeo. También exijo un estudio hidráulico de toda la zona —para que un loteo no inunde al vecino— y el estabilizado de suelo con piedra dolomita.
Con el nuevo código, todo esto quedará fijo por ordenanza y aumentaremos el COVI: quien compra campo para especular y vende ciudad deberá hacer un aporte mayor, pero no en dinero, sino en terrenos destinados a vivienda social. Sabemos que hay conflictos de interés con agrimensores y martilleros, por eso los convocamos a trabajar juntos en el centro de operaciones; queremos que cuando salga el código, lo respeten.
TPT: Te había preguntado también por las nuevas formas de construcción que abaratan costos, para ver si el Municipio puede hacer planes propios.
MB: Lo incluimos en el Código de Edificación. Hoy esos sistemas no son más baratos —lo serán en 10 o 12 años—, pero ofrecen gran ahorro energético y velocidad de obra. Igual, sin la Provincia es difícil financiar viviendas. De todos modos, la ministra de Hábitat, Silvina Batakis, se mostró muy interesada en un proyecto mío premiado en una bienal: viviendas construidas con tecnología de galpón (no steel frame), que por el mismo costo permiten ampliar mucho los metros cuadrados y adaptar la casa a los cambios de la familia. Da para venir otro día a hablar solo de eso.
TPT: Suena muy interesante. No puedo dejar de preguntarte por el basural, que está en tu área. ¿Qué novedades hay?
MB: Es el tema más importante que tenemos y lo trabajamos de forma compartida: yo tengo el área de reciclado y Obras Públicas maneja el basural. Estamos trabajando juntos ante lo que se viene en pocos días: los incendios de verano. Por un lado está el traslado al predio de Monte Gobierno; Provincia ya envió dos desembolsos y con el tercero empieza la obra, pero no llegamos para este verano. Por eso armamos un protocolo de contingencia con lo que tenemos: estamos preparando caminos sobre el basural para que las máquinas puedan entrar de noche si hay fuego. El año pasado tuvimos inundaciones graves y las máquinas estaban en el campo; ahora siempre habrá una retroexcavadora cerca para actuar apenas aparezca humo. También estamos instalando una bomba cisterna enviada por Provincia —y evaluando hacer un reservorio de agua— para que los bomberos no tengan que viajar lejos a recargar. Además, vamos a capacitar al personal y a ordenar a los vecinos que van a tirar basura por su cuenta y muchas veces bloquean los caminos internos de las máquinas. Sabemos que el basural está desbordado y no debería estar ahí, pero hoy necesitamos contingencia. Nunca me voy a cansar de agradecer a los bomberos, que arriesgan su vida toda la noche; nosotros solo podemos asistirlos con agua y presencia porque no tenemos capacitación ni equipo para entrar al fuego. Por último, hago un llamado a la solidaridad de los vecinos: el 90% de los incendios se producen por el gas metano que genera la materia orgánica en descomposición. Cada vecino cree que su bolsita no hace nada, pero suma muchísimo. Si cada uno entierra o composta lo orgánico en su terreno, cuando traslademos el basural el predio viejo dejará de prenderse fuego en un año.
TPT: Lógicamente el Municipio también tiene una tarea pendiente para reforzar esa concientización e instrucción.
MB: Sí, lo estamos haciendo, pero quizás haya que reforzarlo mucho más. Coincido con vos.





