Se viene un nuevo paro universitario

Docentes universitarios de todo el país volverán a parar la próxima semana, en una medida que refleja la creciente tensión entre el sistema universitario y el Gobierno nacional. La protesta, convocada por sindicatos y federaciones, se extenderá del 30 de marzo al 1º de abril e incluirá, además, clases públicas en distintas universidades.
El reclamo central apunta a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025 y respaldada por un fallo judicial favorable. Según los gremios, la norma establece una recomposición salarial que el Ejecutivo no está cumpliendo. En este contexto, la decisión del gobierno de Javier Milei de otorgar aumentos de manera unilateral —2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo— sin convocatoria a paritarias, profundizó el conflicto. Para los sindicatos, estos incrementos resultan insuficientes frente al deterioro del poder adquisitivo.

Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), su secretaria general, Laura Carboni, fue categórica: incluso si se efectivizara el aumento acumulado del 6,7%, el atraso salarial seguiría muy por debajo del 49% necesario para equiparar la inflación, tal como —afirman— establece la ley vigente.
El conflicto no es sólo normativo: también es social. Según datos difundidos por el propio gremio, un ayudante de primera con dedicación simple percibe poco más de $228.000 mensuales, mientras que incluso los cargos de mayor carga horaria no logran superar la línea de pobreza, que el INDEC ubica en torno a los $1.397.672. En ese marco, los sindicatos endurecieron su posición y advierten que las medidas de fuerza continuarán mientras no haya una recomposición efectiva y una convocatoria formal a paritarias. “No volvemos a las aulas en defensa de nuestro salario y de la universidad pública”, señalaron.
La disputa, sin embargo, excede lo salarial. Lo que está en juego es el esquema de financiamiento del sistema universitario en su conjunto y el rol del Estado en su sostenimiento. Mientras el Gobierno busca sostener su programa económico con foco en el ajuste del gasto, el sector universitario advierte sobre el impacto directo en el funcionamiento de las instituciones. El resultado es un conflicto abierto, con impacto directo en el calendario académico y sin señales claras de resolución en el corto plazo.