Por cuarta vez desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la comunidad educativa argentina, junto a diversos sectores sociales y sindicales, se concentró e la Plaza de Mayo para exigir al Gobierno Nacional la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que el sistema educativo califica como vital para su supervivencia. La marcha, multitudinaria, se calculan que hubo unas 120.000 personas, se replicó en todo el país. En 9 de Julio, la jornada de protesta tuvo su lugar en el edificio de la conocida como Escuela de Comercio, en donde hubo una concentración que incluyó docentes, alumnos, concejales, autoridades educativas y vecinos.
El núcleo de la protesta radica en una profunda crisis presupuestaria que, según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ha llevado la inversión por estudiante a su nivel más bajo en las últimas dos décadas. Las autoridades académicas denuncian que, a pesar de que el Congreso aprobó y ratificó la ley que garantiza la actualización de las partidas según la inflación, el Poder Ejecutivo mantiene los fondos congelados, una situación que ha escalado hasta instancias judiciales y que aguarda una definición por parte de la Corte Suprema de Justicia.
El impacto de este ajuste se siente de manera más crítica en los salarios de los trabajadores. Los gremios docentes y no docentes denuncian una pérdida del poder adquisitivo superior al 30% desde finales de 2023, lo que ha provocado un creciente «éxodo de profesionales» hacia el sector privado o el exterior. Además del reclamo salarial, la movilización pone el foco en el desfinanciamiento de los hospitales universitarios, instituciones que cumplen un rol dual esencial: la atención gratuita de pacientes y la formación práctica de los futuros médicos del país.
Bajo la consigna «203 días sin aplicar la ley», el documento central leído durante el acto destacó que el sistema se encuentra en un «escenario límite». Mientras el Gobierno sostiene su política de equilibrio fiscal y auditorías sobre las casas de estudio, los rectores de las universidades públicas advierten que sin una rectificación inmediata del presupuesto para 2026 —el cual prevé una caída real cercana al 18% respecto al año anterior—, la continuidad de la actividad académica y las becas estudiantiles para los sectores más vulnerables estarán en serio riesgo.
