El Presidente rompió el silencio, disolvió el Consejo de Mayo y apunta al topo que filtró las reformas laborales y educativas. En medio de la creciente interna, Santiago Caputo dejó claro su vínculo con Karina Milei, mientras el Gobierno se opone al cerco judicial contra la expresidenta.
Javier Milei mostró su indignación al descubrir que portales de noticias publicaron fragmentos confidenciales de las reformas que se debatían en el Consejo de Mayo, el órgano creado por el Gobierno para impulsar proyectos clave. Enfurecido, el Presidente disolvió el Consejo de Mayo, que había planeado entregar las conclusiones finales en diciembre. De allí saldrán iniciativas clave, como las reformas laboral y educativa, que se discutirán en el Congreso en sesiones extraordinarias este diciembre y en 2026.
Las miradas están puestas en el «topo» que filtró la información. En el Gobierno, la caza del responsable ya comenzó. Las especulaciones apuntan a varios sectores: desde la Secretaría de Trabajo y Educación, pasando por los Menem, hasta los industriales de la UIA, cuyo presidente, Martín Rappallini, tiene voz y voto en el Consejo. Milei, con su sello característico, está esperando que el infiltrado se identifique, y si se trata de un miembro del Gobierno, su salida será inminente.
En otro frente, Santiago Caputo, asesor clave de Milei, dejó en claro que su relación con Karina Milei no es el problema, sino con el entorno político, en particular con los Menem. «El día que yo me lleve mal con Kari, me tengo que ir del Gobierno», comentó Caputo, desmintiendo rumores sobre tensiones familiares. La situación se complicó aún más esta semana cuando se reveló que el abogado de los Menem, Santiago Viola, estaba operando para liberar a los hermanos Milei de la causa LIBRA, lo que provocó la sorpresa y el enojo de Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y hombre cercano a Caputo.
Además, la Casa Rosada se mostró en contra de las restricciones impuestas por la Justicia a Cristina Kirchner, luego de la visita de 11 economistas a su domicilio. «Un expresidente debería ser tratado de otra manera», sostuvo un alto funcionario del Gobierno, expresando un malestar tanto institucional como político ante las restricciones judiciales que afectan a la exmandataria.
