El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, quedó formalmente imputado por lavado de activos, en el marco de una investigación en la que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil. También quedó imputada la ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar Claudia Pombo, su hermana, un juez de La Plata y el director provincial de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El foco esta puesto en saber si, desde diciembre de 2021, los involucrados han incrementado de forma ilícita e injustificada su patrimonio, “por sí y/o a través de interpósitas personas, incluyendo su núcleo familiar y de confianza”.
La causa se inició en octubre con la denuncia de un particular por una trama de “gestores” que contactaban a infractores, les cobraban un porcentaje de la multa y prometían darla de baja del sistema. A esa denuncia se sumó como particular damnificada la empresa Secutrans, proveedora del sistema de fotomultas, que había experimentado una merma considerable en su recaudación mensual por las infracciones. Además, a través de licitaciones otorgadas de manera irregular, algunos empresarios habrían recibido contratos millonarios sin seguir los procedimientos establecidos por la ley de proveedores.
