
La Cámara alta aprobó por unanimidad, con 71 votos, un texto que reemplaza la emergencia vigente. Replica casi todos sus beneficios, pero ya no es transitorio. Ahora el Ejecutivo debe reglamentarlo y todavía puede vetarlo.
El Senado sancionó la nueva Ley de Discapacidad con 71 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones. Solo faltó la senadora Anabel Fernández Sagasti, que está de licencia por maternidad. El proyecto ya tenía media sanción de Diputados y se aprobó sin cambios, por lo que pasa directamente al Poder Ejecutivo.
La norma se llama “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”. Repite casi todo el esquema de beneficios de la Ley 27.793, pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad y la convierte en una norma permanente y de orden público. La emergencia anterior había sido vetada por Javier Milei y luego ratificada por el Congreso, y su aplicación debió reclamarse ante la Justicia.
Qué se mantiene
Pensión no contributiva. Equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo y se actualiza con la movilidad previsional. Se sigue exigiendo el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Cobertura de salud. Quienes cobran la pensión tienen garantizada la cobertura del programa Incluir Salud.
Aranceles para prestadores. Se conserva el nomenclador único y su actualización automática por el índice de movilidad jubilatoria, atado a la inflación.
Compatibilidad con el trabajo. La pensión se puede cobrar junto con un empleo formal o con el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Qué cambia o se agrega
Carácter permanente. El cambio central es que los beneficios dejan de depender de una prórroga. La idea es que continúen más allá de los cambios de gobierno.
Piso presupuestario. La partida del Ministerio de Salud no puede ser inferior, en términos reales, a la del año anterior.
Deuda con prestadores. El Estado debe notificar un cronograma de pago en 30 días y cancelar la deuda en un máximo de 90 días corridos. Esas compensaciones pendientes suman unos $278.300 millones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Auditorías con garantías. Se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. Antes de cualquier suspensión, el beneficiario recibe una notificación fehaciente y un plazo para presentar su descargo.
Reglamentación y participación. El Ejecutivo tiene 30 días para reglamentar la ley. También se prevé la participación del Consejo Federal de Discapacidad en el diseño de políticas.
Capacitación. La ley obliga a capacitar a todo el personal de las instituciones y prestadores del sistema de prestaciones básicas.
Las modificaciones: dónde se negociaron
Los cambios no se hicieron en el Senado sino en Diputados. La Cámara baja aprobó el texto el 22 de octubre con 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones. El peronismo acompañó porque los libertarios aceptaron gran parte de los cambios propuestos.
El oficialismo aceptó eliminar los recortes previstos en el proyecto de Presupuesto 2027, preservar el CUD como vía de acceso y mantener el nomenclador universal con arancel unificado. También aceptó la compatibilidad de la pensión con el empleo formal. El capítulo del Presupuesto que se descartó tomaba el criterio de “invalidez laboral” para acceder a la pensión y eliminaba el CUD como vía directa. Esa diferencia se resolvió quitando los artículos 36 al 41 del texto original en el dictamen de la comisión de Presupuesto de Diputados.
Según los cálculos de la oposición, el texto incorporó cerca del 75% de las previsiones de la emergencia. La Libertad Avanza sostuvo que los cambios fueron “fruto de la escucha y la negociación».
Por qué el Senado no cambió nada
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, firmó el dictamen sin modificaciones, aunque algunos sectores del Gobierno le pedían lo contrario. El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó resistir hasta último momento para evitar que la ley saliera. El motivo fue práctico: cualquier cambio habría obligado a que el proyecto volviera a Diputados y habría impedido aprobarlo en el período ordinario, que termina el 30 de noviembre. Bullrich dijo durante el debate que la sesión buscaba un “acuerdo social y político” y una política de Estado. El debate estuvo marcado por la visita del papa León XIV. Desde la oposición y sectores aliados se sostuvo que su mensaje empujó la discusión.
Las lecturas del oficialismo y la oposición
El libertario Agustín Monteverde defendió que “la única forma de salir de la emergencia es con reglas estables”. También dijo que el proyecto no implica ningún recorte y que el Presupuesto del próximo ejercicio contemplará las partidas. Estimó el costo para 2028 en 1,2 billones de pesos, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La oposición votó a favor, pero con reparos. Alicia Kirchner dijo que ninguna sanción reconstruye los derechos vulnerados y que la ley es “un punto de partida”. Lucía Corpacci advirtió que el proyecto de Presupuesto 2027 incluye un recorte real del 13% para Incluir Salud. Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, adelantó su voto positivo porque la emergencia vence el 31 de diciembre, aunque cuestionó a quienes aparecen ahora como defensores del sector.
El Ejecutivo puede vetar la ley en forma total o parcial. Tiene antecedentes: Milei ya vetó la emergencia en 2025 y, cuando el Congreso rechazó ese veto, promulgó la ley pero suspendió su ejecución hasta que se definieran partidas. Esa historia explica la desconfianza del sector. Corpacci resumió el temor de que el Gobierno “promulga la ley, pero la suspende”. La pregunta abierta es cómo la implementará el Poder Ejecutivo. El Presupuesto 2027 obtuvo dictamen y el oficialismo busca debatirlo el 25 de noviembre. Allí se verá si las partidas acompañan lo que la ley establece. La emergencia vigente vence el 31 de diciembre de 2026






