La Justicia ordenó la quiebra definitiva de La Suipachense, una de las marcas más históricas de la industria láctea de la provincia de Buenos Aires, lo que marca un nuevo capítulo en la grave crisis que atraviesa el sector. El Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes decretó la liquidación total de Lácteos Conosur S.A., propietaria de la marca, tras meses de parálisis, impagos y deudas millonarias que acabaron con una de las plantas más emblemáticas de la cuenca lechera.
El fallo, fechado el 8 de noviembre, dispuso la clausura de la planta de Suipacha y la entrega de todos los activos a la sindicatura, que deberá hacerse cargo de la liquidación de la compañía para intentar cubrir una deuda que se estima inabarcable. La resolución también inhabilita de manera definitiva a los directivos de la firma y prohíbe la salida del país de su presidente, Jorge Luis Borges León.
El colapso de La Suipachense refleja un proceso de decadencia que ya venía anunciándose. La empresa, que en su mejor momento llegó a procesar 250.000 litros de leche por día, dejó de generar ingresos hace meses, acumulando más de 1.000 cheques rechazados por un total de $8.500 millones. A esto se sumaron los despidos de 140 trabajadores, que no recibieron indemnizaciones, y la deuda salarial acumulada, mientras que los 180 tamberos proveedores no cobraron por el suministro de leche durante meses, lo que paralizó aún más la producción.
El informe del Banco Central confirma el colapso financiero de la firma, mientras que el sindicato ATILRA denunció un vaciamiento sistemático de la empresa, con una gestión que nunca logró enderezar la situación y terminó por dejar a cientos de trabajadores y proveedores en la calle.
Sin embargo, la quiebra de La Suipachense no es un caso aislado. Apenas días antes, la Justicia había dictado la quiebra de ARSA (Alimentos Refrigerados S.A.), productora de los yogures y postres SanCor, con pasivos que superan los $49.000 millones y 540 cheques rechazados. Ambas empresas comparten un mismo vínculo: el grupo venezolano Maralac, que tomó el control operativo de ambas compañías tras la caída del Grupo Vicentin.
El ingreso de Maralac al sector lácteo argentino en 2012 prometía inversiones y expansión, pero terminó dejando una estela de fracasos, deudas millonarias, denuncias por desvío de fondos y acusaciones de vaciamiento empresarial. La crisis se extendió tanto en Suipacha como en las plantas de ARSA, en Arenaza y Monte Cristo, que también quedaron paralizadas.
Entre La Suipachense y ARSA suman más de 1.500 cheques rechazados por un total superior a los $15.000 millones, lo que configura uno de los mayores colapsos de la industria láctea argentina en los últimos años. Con las plantas cerradas y miles de trabajadores y familias afectadas, el grupo Maralac se retira del país sin ofrecer explicaciones, dejando tras de sí una profunda crisis económica y social que afecta a comunidades enteras que dependían de estas empresas para su sustento.
