El rechazo al intento de desembarco de la empresa Farmacity en la provincia de Buenos Aires gana terreno a lo largo y ancho de la jurisdicción bonaerense: ya 110 distritos aprobaron declaraciones de apoyo a la ley 10.606, la norma actual que veda el ingreso de sociedades anónimas al mercado farmaceútico.
En las últimas semanas se aprobaron las declaraciones de los concejos deliberantes de Alberti, Benito Juárez, General Guido, Púan, San Cayetano, San Isidro, General Viamonte, y Pinamar. Por su parte, el intendente de Benito Juárez, Julio Marini, respaldó la norma y bloqueó el ingreso de la firma mediante decreto.
Las adhesiones serán llevadas por el Colegio de Farmaceúticos bonaerense al juicio con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal había fijado para el 29 de agosto una audiencia pública entre las partes.
Con la excusación de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por vínculos con Farmacity, la definición de la cuestión queda de Ricardo Lorenzetti -actual titular de la Corte-, Juan Carlos Maqueda y Highton de Nolasco.
El Colegio de farmacéuticos destaca el apoyo de los concejos deliberantes en defensa de la actual norma, que incluso abarca a municipios gobernados por el oficialismo. En varios distritos se aprobó por mayoría y en otros por unanimidad. Varios bloques radicales salieron a apoyar la actual norma que tiene un peso especial para el partido centenario: se aprobó bajo la gobernación de Alejandro Armendáriz en los años ’80.
Las declaraciones solicitan a la gobernadora María Eugenia Vidal y las autoridades de las cámaras legislativas que tomen las medidas conducentes con el objeto de garantizar todos los derechos adquiridos por los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires en función de lo que establece la legislación provincial.
Hubo dos casos emblemáticos. En San Fernando, votó a favor de la norma Sebastián Salvador, el hijo del vicegobernador bonaerense, al igual que sus compañeros de bloque. A su vez, en San Miguel, la declaración fue aprobada por unanimidad. Se trata de un distrito gobernado por Javier Méndez, intendente alineado con el ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre.
A las iniciativas de apoyo a la actual legislación, se suman restricciones concretas de las comunas para que Farmacity opere en su distrito. Es el camino que siguieron municipios como General Alvarado, Mercedes, Esteban Echeverría, Escobar, Berazategui. Luján, Ituzaingó, Avellaneda, Necochea y Campana. Hurlingham, por su parte, lo hizo por decreto, medida que imitó Benito Juárez en los últimos días.
Mario Quintana habría vendido todas las acciones
Finalmente, Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de la Nación, vendió la totalidad de las acciones que poseía de Farmacity, tanto en forma directa como indirecta.
De este modo, Quintana dio cumplimiento al compromiso público que había asumido meses atrás, según el cual vendería la totalidad de su participación accionaria antes de fines de 2018.
Según un comunicado que difundió el gobierno nacional, la operación se realizó el pasado 15 de agosto.
La relación entre Quintana y Farmacity no es novedosa. El funcionario fue hasta ahora uno de los históricos socios de la compañía.
Hasta ahora, Quintana era dueño del 2,09% de los papeles de la firma. En virtud de la composición societaria, esa participación le aseguraba el 53% de los votos en las asambleas donde se fijan directrices sobre la conducción de la cadena.
Cuando asumió en la función pública, Quintana aseguró que se había desprendido de la mayoría de las acciones. En el mes de mayo, en un programa del periodista Jorge Lanata, quedó expuesto que no había sido así.
«En ningún momento durante mi vida de funcionario público ejercí algo que tenga incompatibilidad con mis funciones», había dicho Quintana en aquel momento.
Finalmente a mediados de este mes, el vicejefe de Gabinete cumplió su compromiso público. Según el comunicado oficial, las acciones en su poder fueron adquiridas por los otros accionistas de la empresa.