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domingo, 7 marzo, 2021

El Gobierno promulgó la ley de víctimas bonaerense: qué cambia en la provincia

La norma que otorga mayor participación y garantías en el proceso penal a las víctimas de delitos fue sancionada por la Legislatura en la última sesión del 2020.

El Gobierno bonaerense promulgó este lunes la ley de víctimas de la provincia de Buenos Aires que apunta a otorgarles mayor participación y garantías en el proceso penal a las víctimas de delito.

La oficialización llegó a través de la publicación en el Boletín Oficial del distrito de la norma que además garantiza el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo.

La norma se sancionó en la Legislatura bonaerense en la última sesión del 2020 en la que se aprobó el Presupuesto, después de extensas negociaciones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

La ley modifica el Código Procesal Penal y la Ley de Ejecución Penal con el objetivo de “reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento efectivo durante el proceso”.

En sus principales lineamientos se establece que “garantizará a las personas humanas y/o jurídicas que fueran víctimas, el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas”.

La ley prevé también que durante la ejecución de la pena, la víctima tiene derecho a ser informada sobre las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, la libertad condicional y la prisión domiciliaria, entre otras medidas de seguridad.

En paralelo, el articulado regula las declaraciones testimoniales de niñas, niños y adolescentes menores de 16 años de edad, con el resguardo de la integridad psíquica y moral de las víctimas.

Contempla, además, que la asistencia letrada a las víctimas será gratuita “cuando por las circunstancias del hecho y por situaciones de vulnerabilidad de la víctima, se encuentre imposibilitada de afrontar los gastos”.

Un aspecto importante es la creación del Consejo Provincial de Víctimas, que reactivó la gestión del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio César Alak, después de que María Eugenia Vidal lo desarticulara. Era un viejo anhelo del colectivo.

En la norma el Consejo se creó por ley, se precisaron sus funciones y se resolvió que sus integrantes serán de carácter honorario y designados por el Ejecutivo bonaerense.

También se crea el Observatorio de Víctimas de Delitos dentro de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, un organismo de “monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos”.

En cuanto a la aplicación de las medidas de protección a las víctimas, se creará el Registro Provincial de Abogados y abogadas de la Víctima en el ámbito del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (ColProBA).

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