Hay dos maneras de conocer la situación de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno. Una es escuchar lo que su conducción dice frente a los micrófonos. La otra es leer lo que sus abogados escriben frente a los jueces y los organismos de control. Este semanario dedicó las últimas semanas a la segunda, que tiene una ventaja decisiva sobre la primera. Lo que se presenta ante un tribunal deja constancia, lleva firma y no se puede desdecir al día siguiente. Este espacio advirtió en abril que el balance no cerraba y constató en mayo la derrota judicial; esta es la tercera estación del recorrido.
El descargo de 355 fojas que la entidad presentó ante el INAES contiene, aportadas por la propia cooperativa, las piezas de un reconocimiento. Constan allí tres acuerdos de pago firmados con CAMMESA, la administradora del mercado eléctrico, uno en 2016 y dos en agosto de 2023. Quien firma un plan de pagos reconoce la deuda que promete pagar, y los tres planes quedaron incumplidos con 82, 14 y 7 cuotas abonadas. Consta también la ejecución judicial que CAMMESA inició contra la entidad, con un embargo ordenado en abril de 2024 sobre sus cuentas por 1.088 millones de pesos, más un 30 por ciento presupuestado para intereses y costas. Y consta un anexo económico elaborado por la propia cooperativa que declara un déficit cercano a los 630 millones de pesos para los primeros nueve meses de 2024. A ese cuadro se sumó lo que este espacio dejó escrito en mayo. La condena de segunda instancia a favor de CAMMESA quedó confirmada y en condiciones de ejecutarse, con los recursos de la entidad declarados desiertos por la propia Cámara. El recurso extraordinario que la cooperativa intentó después no suspende por sí mismo esa ejecución, y el expediente acaba de sumar un capítulo. CAMMESA contestó el traslado de ese recurso y pidió que se lo declare extemporáneo, porque fue presentado, según sostiene, un mes después de vencido el plazo, y desierto por falta de una crítica concreta de lo resuelto, con costas. Si la Cámara comparte ese criterio, la condena quedará firme sin que ningún tribunal haya llegado a revisar el fondo.
La dimensión del pleito la describe la propia entidad en sus escritos. La cooperativa llegó hasta la Corte Suprema para sostener su lugar en el amparo colectivo que la resguardaba, después de que la Cámara Federal de Mar del Plata revocara su incorporación en agosto de 2024. Ninguna de esas gestiones detuvo, hasta hoy, la ejecución. Las presentaciones de su propio letrado ante el máximo tribunal hablan de la ruptura de la ecuación económica de todo el sistema de distribución eléctrica y de compensaciones que se estiman en decenas de miles de millones de pesos. En los expedientes, la cooperativa litiga como quien enfrenta un riesgo mayúsculo, y lo dice con todas las letras.
Frente a los micrófonos, la cronología cuenta otra historia. En octubre de 2024, con el embargo ya trabado sobre las cuentas de la entidad, la conducción convocó a conferencia de prensa para afirmar que “no somos deudores, somos acreedores. El Estado nacional nos debe 55 millones de dólares”. En febrero de 2025, en una radio local, se describió una cooperativa “en una situación equilibrada y pujante”. Y en la asamblea anual de abril de este año, con la condena camino a quedar firme, se informó un balance positivo de 249 millones de pesos que consolidaba “varios años de resultados favorables”. El superávit exhibido representa menos de la cuarta parte del capital embargado, sin contar los 326 millones presupuestados para intereses y costas.
Digámoslo de una sola vez. La estrategia judicial diseñada es desacertada e ineficaz, y la prueba está en los plazos vencidos que dejaron desiertos los recursos. El reclamo del sector eléctrico cooperativo existe, fue reconocido por leyes y por sentencias, y defenderlo puede ser legítimo y hasta obligatorio para quienes administran. Pero ese reclamo corre por otro carril. Una cosa es pagarle al proveedor la energía que se distribuye todos los meses, y otra muy distinta es reclamarle al Estado nacional el costo de dos décadas de tarifas intervenidas. Otras cooperativas, la de Azul entre ellas, transitaron las dos vías a la vez, reclamando sin dejar de pagar. Acá se cruzaron los carriles, se dejó de pagar al proveedor por lo que debería un tercero, y el choque tiene fecha, monto y embargo. Al error de diseño se le sumó el de comunicación, contarlo como una fortaleza. Los asociados son los dueños de la cooperativa. Aportaron su capital, pagaron sus facturas y votaron a sus autoridades. Tienen derecho a recibir la misma información que reciben los jueces y los organismos de control, con sus números, sus riesgos y sus embargos, y no una adaptación tranquilizadora para consumo local.
Decía el abuelo que con las buenas decisiones el tiempo juega a favor y que con las malas juega en contra. En esta historia el tiempo ya tomó partido. Corre en los recargos que engordan la deuda cada día y corrió en los plazos vencidos que voltearon los recursos. Todavía queda una buena decisión disponible, tan vieja como el consejo del abuelo. Decir la verdad.
El Lobo
