La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno mostró un superávit de $249 millones mientras el litigio con CAMMESA avanzaba hacia un desenlace que ya no admite eufemismos. La Cámara Civil y Comercial Federal Sala III rechazó la reposición in extremis y dejó firme la extemporaneidad. Osea, los recursos quedaron desiertos. Lo que era advertencia, hoy es sentencia.
El lunes pasado no fue una metáfora ni un exceso retórico sino una advertencia. Se dijo entonces que el balance positivo presentado por la Cooperativa no cerraba cuando se lo enfrentaba con el dato estructural del problema, y que ese dato —la sentencia adversa en el litigio con CAMMESA— no podía ser desplazado sin erosionar la credibilidad del discurso institucional. Una semana después, la realidad judicial terminó de ordenar lo que la narrativa intentaba separar.
La resolución de la Cámara no deja márgenes para reinterpretaciones cómodas. El intento de reabrir la discusión mediante una reposición in extremis fue rechazado, y con ello quedó firme lo determinante, esto es, la declaración de extemporaneidad de los memoriales y la consecuente deserción de los recursos de apelación. Traducido fuera del lenguaje técnico, significa que la defensa procesal se quedó sin vía, no por una discusión de fondo sino por el incumplimiento de un plazo fatal. No se perdió una discusión, se perdió la posibilidad de darla. Y cuando un proceso se pierde por fuera del fondo, lo que queda expuesto no es la fortaleza del caso, sino la debilidad de la conducción que debía sostenerlo.
Aquí no hay espacio para la contingencia ni para la expectativa. El Tribunal fue explícito, la reposición in extremis no es una herramienta para suplir omisiones procesales ni para corregir incumplimientos de plazos, sino un remedio excepcional frente a errores evidentes del órgano jurisdiccional. Nada de eso ocurrió. Lo que hubo fue un plazo que corrió, un sistema que permitía el acceso a la información y una inacción que terminó siendo decisiva.
En términos concretos, la sentencia favorable a CAMMESA —por una cifra que supera holgadamente los mil millones de pesos, más intereses, costas y honorarios— queda en condiciones de proyectar todos sus efectos. Dicho de otro modo, el superávit exhibido equivale apenas a una fracción de la obligación que ahora se consolida. Es un desfasaje estructural que compromete ejercicios completos y condiciona el futuro de la entidad. Es en este punto donde la advertencia se transforma en constatación. Porque lo que entonces aparecía como una tensión entre un balance en verde y una deuda potencial, hoy se revela como una disociación insostenible entre el relato y la realidad. El problema nunca fue la existencia de un resultado contable positivo, sino su utilización aislada como indicador de salud institucional en un contexto atravesado por una obligación judicial que lo multiplica varias veces y que, a esta altura, ya no puede ser presentada como una hipótesis.
La conducción de la Cooperativa —y en particular quienes tuvieron a su cargo la estrategia jurídica y la responsabilidad de comunicar— enfrenta ahora un punto de inflexión. Porque cuando un fallo de esta magnitud queda firme por razones estrictamente procesales, lo que se discute no es solo la defensa en juicio, sino la cadena de decisiones que llevó a ese resultado y la forma en que ese riesgo fue administrado frente a los asociados.
Decir que el balance “da positivo” en este contexto es, como mínimo, una verdad incompleta. Y las verdades incompletas, cuando se sostienen en el tiempo, dejan de ser errores para convertirse en decisiones. No es un problema técnico, es un problema de conducción.
Ningún proyecto, ninguna expansión, ningún discurso de crecimiento puede abstraerse de una sentencia con capacidad de absorber varios ejercicios completos. Pretender lo contrario es negación. La contabilidad ordena el pasado. La Justicia, cuando habla, ordena el presente. Cuando ambas líneas se cruzan de esta manera, lo que queda expuesto ya no es una diferencia de interpretación sino una responsabilidad concreta, institucional y, a esta altura, ineludible.
Un pasivo judicial de esta magnitud es un punto de quiebre. Es la posibilidad concreta de condicionar tarifas, trasladar costos a los usuarios y comprometer el futuro mismo de la entidad. Frente a eso, ya no alcanza con mostrar números prolijos ni con anunciar proyectos. Hay que explicar quién tomó las decisiones, cómo se llegó hasta acá y quién va a hacerse cargo de lo que viene.
El lunes pasado fue una advertencia. Hoy es una confirmación judicial. Cuando una conducción elige sostener un relato mientras la realidad avanza en sentido contrario, lo que deja de estar en discusión no es el balance sino la confianza.
Porque los números pueden maquillarse un tiempo. Los plazos procesales, no. Las sentencias, tampoco. Y las responsabilidades, a diferencia de los discursos, noo se diluyen, se asumen o se pagan. Y en este caso, si no las asumen quienes decidieron, las va a terminar pagando toda la comunidad.
El LOBO
