En las últimas horas, un grupo de productores agropecuarios del partido bonaerense de Carlos Casares denunciaron al intendente de Unión por la Patria, Daniel Stadnik, por manipular comisiones municipales y no atender reclamos sobre el estado crítico de los caminos rurales, situación que aseguran se arrastra desde hace más de una década y afecta gravemente a la producción y la vida rural.
En un documento difundido públicamente, los productores agropecuarios recordaron que desde el año 2011 el Municipio cuenta con un ingeniero al frente del área vial, que además fue referente en Hidráulica Provincial y actualmente es el jefe Comunal. A pesar de su perfil técnico, señalan que la localidad lleva 15 años “sin resolver el problema de la intransitabilidad de los caminos rurales”.
En tanto, en el año 2022, ante la creciente presión social, el municipio de Carlos Casares conformó la Comisión Vial Municipal para canalizar propuestas y reclamos del sector agropecuario. Sin embargo, los productores denuncian que Stadnik la descalificó públicamente y ahora incluso niega su existencia, bajo el argumento de que nunca se reglamentó su funcionamiento.
Del mismo modo, los terratenientes cuestionaron la inacción de la Comisión Municipal de Emergencia Hídrica, creada en el marco de la crítica situación climática que afecta a miles de hectáreas productivas. “Nadie sabe qué hizo o qué hace hoy”, aseguran los productores, que remarcan la falta de diálogo y convocatoria a los directamente damnificados.
Asimismo, los productores pusieron en duda el alcance del Decreto 455, que el 14 de marzo de este año declaró la Emergencia Vial en el distrito, al señalar que hasta el momento no se informó a la comunidad sobre qué implica la medida, qué acciones prevé o qué recursos se destinarán para abordar el problema de fondo.
Otro eje de conflicto para los productores agropecuarios de Carlos Casares es la situación de la Ruta Provincial 50. Según el documento difundido, en año electoral el intendente volvió a prometer la obra aunque no figura en el presupuesto provincial. En ese sentido, los damnificados sostienen que “responsabiliza a los propietarios de campos por no donar las tierras”.
Por otro lado, los productores criticaron la conformación de una comisión para el manejo de aguas con sede en Bragado, presidida por el propio Stadnik. Según el escrito, “los productores son invitados solo a validar decisiones que ya están tomadas”, mientras que el financiamiento de las obras que se proponen se atribuye al Gobierno nacional sin fundamentos ni compromiso provincial.
Por otro lado, el documento expresa el malestar de los terratenientes por el anuncio del gobernador Axel Kicillof, que destinó $2.000 millones para caminos rurales, al tiempo que aplicó un aumento del 9% al impuesto inmobiliario rural. Es que, para los productores, esto demuestra la desconexión entre los discursos oficiales y las verdaderas necesidades del campo.
En última instancia, los productores de Carlos Casares aseguraron que “la verdad va apareciendo despacio porque no se puede mentir todo el tiempo”, y remarcaron que “aquello sobre lo que el intendente dice saber, termina demostrando lo que realmente sabe y hace”. Por eso, apuntaron a una gestión que, según ellos, solo reacciona frente a la presión pública, sin planificación ni soluciones sostenidas.
Carlos Casares y la emergencia agropecuaria
A fines de mayo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, declaró la emergencia agropecuaria en doce distritos bonaerenses, incluido Carlos Casares, debido a las graves inundaciones ocurridas entre marzo y agosto de 2025. La determinación se formalizó mediante el decreto Nº 1180/2025, que reconoce el impacto del fenómeno meteorológico sobre la producción rural y los caminos rurales anegados.
En la difusión del Gobierno bonaerense, se explica que la medida cubre el período desde el 1º de marzo hasta el 31 de agosto de 2025 y se fundamenta en la situación “extraordinaria” vivida por los productores que solicitaron la emergencia. Además, los informes técnicos del Ministerio de Desarrollo Agrario, junto a las Comisiones Locales, constataron los anegamientos y la paralización de la producción en Carlos Casares y otros distritos.
De esta manera, la declaración habilitó a los productores de la zona a acceder a beneficios como prórrogas impositivas, créditos blandos y otras herramientas previstas en la Ley 10.390. Además, imágenes satelitales, datos meteorológicos y relevamientos de campo fueron claves para justificar la emergencia, lo que permitió al Gobierno actuar con velocidad. (Diputados Bonaerenses)
