La crisis del agua dejó al descubierto una gestión sin respuestas estructurales: servicios básicos deficientes, reclamos vecinales desoídos, cuestionamientos presupuestarios y un creciente desgaste político que impacta en la imagen del intendente.
El distrito que gobierna Maximiliano Sciaini atraviesa días de fuerte malestar social y político. El último alerta del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que ubicó a Roque Pérez en “zona roja” por los altos niveles de arsénico en el agua corriente, terminó de detonar una crisis que los vecinos arrastran desde hace años y que hoy expone con crudeza las falencias de la gestión municipal.
Según los análisis realizados sobre muestras de la red de ABSA y de pozos, la concentración de arsénico detectada oscila entre 57 y 87 partes por billón (ppb), valores que superan ampliamente el límite de 10 ppb recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El dato encendió todas las alarmas y profundizó la bronca vecinal frente a lo que consideran una inacción sostenida del Municipio para garantizar un derecho básico como el acceso al agua segura.
Una medida judicial que dejó al descubierto la falta de respuestas
Cansados de esperar soluciones, los vecinos tomaron la iniciativa y lograron un avance clave en la Justicia. A partir de una acción judicial impulsada por la asamblea ambiental Reverdecer y el abogado ambientalista Fernando Cabaleiro, ABSA se comprometió, mediante una medida cautelar, a crear un centro de distribución de agua segura en bidones para la población.
El propio Cabaleiro explicó que la resolución, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N.º 4 de La Plata, se trata de una respuesta de emergencia frente a una situación crítica. La demanda, sin embargo, va más allá: exige la construcción de una planta potabilizadora y la ampliación de la red, en un distrito donde solo el 49% de la población contaría con agua corriente, un dato que deja expuesta la precariedad de los servicios básicos bajo la gestión de Sciaini.
En ese contexto, no pasó inadvertido que Roque Pérez fuera sede del 15° Encuentro de Pueblos Fumigados por la Agroecología y el Buen Vivir, que culminó con una movilización por las calles de la ciudad. La problemática del agua contaminada fue uno de los ejes centrales de la protesta.
El Concejo Deliberante y un freno simbólico al cobro del servicio
La presión social también tuvo su correlato institucional. A principios de diciembre, el Concejo Deliberante aprobó una solicitud de suspensión del cobro del servicio de agua mientras persista la condición de no potabilidad. La iniciativa fue impulsada por el bloque de la UCR y dos unibloques, que reclamaron al Ejecutivo municipal que eleve un pedido formal al Gobierno bonaerense para frenar el cobro por parte de ABSA. (Grupo La Provincia)
