Por Redacción EXTRA Digital
Una cacerola. Un termo. Dos objetos cotidianos que hoy cuentan mejor que cualquier estadística lo que está pasando con la industria argentina. El termo se fabrica en China, sale ocho mil pesos, llega a una góndola argentina y se vende a sesenta mil. La cacerola —de una marca que fue orgullo nacional— ya no se hace acá: sale cincuenta mil pesos en origen chino y aquí la venden a trescientos ochenta mil. El margen no es ganancia, es la sentencia de muerte de un modelo industrial que durante décadas dio trabajo, generó valor y sostuvo a la clase media argentina.
Nadie lo dice con esa brutalidad, pero el mensaje del gobierno actual a los industriales es diáfano: para ustedes no hay nada. La apuesta oficial tiene una lógica propia que no conviene subestimar. La Argentina tiene ventajas comparativas reales en agricultura, ganadería, minería y energía. El sector servicios —especialmente el tecnológico— creció en los últimos años con una velocidad que sorprendió a propios y extraños. El gobierno de Milei construye sobre esos pilares y descarta los demás. La industria manufacturera, en esta visión, es un lastre subsidiado, una ficción protegida por aranceles que le cobran al consumidor un impuesto invisible cada vez que compra una heladera, un auto o un par de zapatos. El problema es lo que queda cuando se corre ese telón.
Y la avalancha ya llegó, no estamos hablando de proyecciones. Los textiles chinos inundan el mercado informal y amenazan el formal. Los autos chinos —diez modelos diferentes en el último año— pelean palmo a palmo con las terminales instaladas. Y lo que era impensable hace cinco años ya es realidad: empresas del peso de Techint y Aluar están perdiendo licitaciones. No ante competidores locales más eficientes, sino ante consorcios chinos e indios con insumos chinos que llegan con precios que ninguna planta argentina puede igualar sin que el Estado ponga algo sobre la mesa. Cuando Techint pierde una licitación no cierra una fábrica abstracta: cierra un turno, después otro, después la planta. Y con ella se van el metalúrgico, el transportista, el almacén del barrio, la cooperadora de la escuela de los chicos.
La tesis oficial para el desempleo industrial es reconversión. Los trabajadores de la fábrica que cierra van a encontrar lugar en el agro tecnificado, en la minería, en los servicios digitales. Es tan solo una hipótesis, desbordante de un optimismo casi lindando con el realismo mágico. El agro argentino es uno de los más tecnificados del mundo: produce más con menos gente, no más con más gente. La minería a gran escala genera divisas y empleo calificado, pero poco empleo masivo. Los servicios tecnológicos absorben perfiles universitarios, no torneros de cuarenta y cinco años de Quilmes o San Martín.
La oposición, en cambio, sostiene que el sector industrial es irreemplazable como generador de empleo de escala, que no existe economía desarrollada sin base manufacturera y que desmantelarlo es hipotecar el futuro por el precio del presente. Ambas posiciones tienen algo de razón. Y ese es exactamente el debate que la Argentina necesita dar con urgencia, sin dogmas y con datos.
La industria manufacturera argentina empleaba, en su mejor momento, a más del 23% de la fuerza laboral. Hoy ronda el 13%. Cada punto porcentual que cae arrastra consigo decenas de miles de puestos, en su mayoría de clase media, sindicalizados, con obra social y jubilación. Porque la clase media argentina no nació del campo ni de la minería: nació de la fábrica, del taller, del comercio que vivía de los sueldos industriales. Desmantelar la industria sin un plan concreto de reemplazo no es modernización, es demolición controlada de un andamiaje social que tardó décadas en construirse.
La pregunta que nadie responde es si este modelo funciona sin industria y sin clase media. Algunos países lo intentaron. El resultado, en la mayoría de los casos, fue una sociedad polarizada: una pequeña élite vinculada a los recursos naturales y los servicios financieros, y una mayoría empobrecida sin movilidad social posible. Argentina tuvo históricamente algo diferente: una clase media amplia, educada, con acceso a bienes y servicios, que fue el motor del consumo interno y la cohesión social. Esa clase media fue industrial. Fue la maestra cuyo marido trabajaba en la fábrica de al lado. Fue el contador de la pyme metalmecánica. Fue el técnico de la línea de montaje. Si la fábrica se apaga, algo más se apaga con ella. Y encenderlo de vuelta —si algún día se intenta— no va a costar solo plata. Va a costar generaciones.
