El Gobierno nacional oficializó esta semana una nueva readecuación presupuestaria que implica una reducción neta de $2,5 billones en el gasto público para 2026, con el declarado objetivo de fortalecer la meta de superávit fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional. La medida, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, no hace sino profundizar un sendero de ajuste que ya era pronunciado desde el inicio de la gestión.
Lo que distingue a esta decisión de las anteriores no es su magnitud sino su lógica: el presupuesto que ahora se recorta era, en sí mismo, un presupuesto ya recortado. Las proyecciones originales para 2026 contemplaban una reducción del gasto real en prácticamente todas las áreas del Estado. El nuevo recorte agrega una segunda capa de austeridad sobre sectores que ya venían operando con recursos mínimos. El ajuste más significativo recayó sobre subsidios y asistencia financiera a servicios económicos, con una poda de $1,47 billones, asociada a la reducción de subsidios energéticos y a los sucesivos aumentos tarifarios. Le siguen los recortes en programas de uso racional de energía, infraestructura deportiva, el Fondo de Compensación Salarial Docente y, llamativamente, programas de prevención y tratamiento del cáncer.
El impacto sobre el federalismo fiscal es considerable.
Las provincias y municipios absorben más de $970.000 millones del recorte total, entre transferencias corrientes reducidas, eliminación de partidas vinculadas a servicios sociales y paralización de obras de infraestructura. Quedan afectados proyectos concretos como el Acueducto Vipos en Tucumán, el sistema de agua potable de Concordia, la planta depuradora de Rafaela y el acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia en Chubut. Son obras que tienen nombre, destinatarios y necesidades reales detrás. En paralelo, la Secretaría de Educación perdió más de $78.000 millones, con un recorte especialmente sensible en el Plan Nacional de Alfabetización, mientras que las universidades nacionales vieron caer partidas para obras en trece instituciones. El recorte se produce, paradójicamente, en los días previos a una nueva movilización universitaria, lo que refuerza la percepción de que el Gobierno no modifica su rumbo ante la presión sectorial. Según datos del Instituto Argentina Grande, el gasto en educación y cultura acumula una caída del 47% respecto de 2023 en términos reales, el de ciencia y tecnología del 44% y el de agua y saneamiento del 92%.
El trasfondo de esta decisión no es ideológico sino aritmético: la recaudación tributaria registró en abril su noveno mes consecutivo de caída en términos reales. Los impuestos ligados al comercio exterior mostraron los retrocesos más pronunciados — los derechos de exportación cayeron un 35% real interanual — mientras que el IVA exhibió una baja cercana al 3% y los recursos de la Seguridad Social acumularon seis meses de descenso. El único sostén provino de los tributos sobre combustibles, potenciados por el efecto precio. En ese escenario, con ingresos que no alcanzan las proyecciones y compromisos con el FMI que no admiten demoras, el Gobierno optó por la única herramienta que maneja con consistencia: recortar el gasto.
La pregunta que subyace a todo esto es si el superávit que el Gobierno exhibe como trofeo ante el FMI refleja una economía que se ordena o simplemente un Estado que se achica. Los datos disponibles sugieren que el deterioro de la inversión pública en áreas estratégicas — educación, infraestructura, salud, ciencia — compromete la capacidad productiva del país en el mediano plazo, precisamente cuando más se la necesita para sostener una recuperación genuina. Ajustar sobre lo ajustado tiene un límite. La pregunta es si el Gobierno lo conoce.
