El Concejo Deliberante de General Arenales aprobó una ordenanza que implementa la iniciativa conocida como «Ficha Limpia», convirtiendose asi el distrito administrado por la Unión Cívica Radical (UCR) en el primero de los 135 municipios bonaerenses en adoptar una normativa de este tipo, destinada a restringir el acceso a la función pública a personas con antecedentes judiciales.
La medida, impulsada por el bloque de concejales de Juntos/Somos UCR, introduce estrictos requisitos de idoneidad ética y legal tanto para quienes aspiren a ingresar a la administración municipal como para aquellos que ya se encuentran en funciones de carácter político.
De acuerdo con el texto aprobado, la inhabilitación alcanzará a todas aquellas personas que cuenten con condenas judiciales firmes o ratificadas en segunda instancia. La restricción abarca un amplio espectro de delitos que incluye la corrupción, las faltas contra la administración pública, la violencia de género y los delitos contra la integridad sexual o el orden constitucional. Asimismo, la normativa prohíbe ejercer cargos a quienes figuren en el registro de deudores alimentarios.
La intendenta de General Arenales, Érica Revilla, celebró la sanción de la norma a través de sus canales oficiales, calificándola como un acontecimiento de gran relevancia para la localidad. Según sus declaraciones, la ordenanza representa un avance concreto hacia la transparencia y la mejora de la calidad institucional en el ámbito local. Revilla también expresó un reconocimiento al trabajo del bloque legislativo local, destacando que el proyecto responde a una demanda social de mayor responsabilidad y ética pública por parte de los representantes comunitarios.
Este paso administrativo alinea a General Arenales con un movimiento más amplio a nivel nacional, donde diversos municipios y provincias debaten e implementan regulaciones similares con el objetivo de elevar los estándares de integridad en la gestión del Estado.
La pregunta es por qué cuesta tanto que los municipios adhieran a este tipo de medidas que apuntan a jerarquizar la función pública en un sistema donde hoy «entra cualquiera». Habrá que ver que otras administraciones siguen el camino de Revilla.
