La Mesa Agropecuaria de Olavarría, de la cual participan la Sociedad Rural, Mujeres Rurales en Red, Centro de Apicultores, Cooperativa Agraria, Círculo de Veterinarios y la Asociación de Ingenieros Agrónomos, mantuvo reuniones de urgencia en los últimos días para evaluar una estrategia legal contra la intendencia.
El núcleo del conflicto es la tasa vial, un tributo que los productores pagan bajo la premisa de que ese dinero se reinvertirá en mantener transitables los caminos por los que debe salir la producción. Sin embargo, para los ruralistas, el servicio es inexistente y los fondos parecen diluirse en el presupuesto general de la comuna.
Esta postura ha encontrado eco en el Concejo Deliberante local, donde bloques de la oposición (PRO y Juntos por Olavarría) presentaron proyectos para suspender el cobro de este gravamen. La propuesta legislativa es drástica: la municipalidad debería dejar de cobrar la tasa hasta que pueda acreditar fehacientemente que los fondos recaudados durante el año anterior fueron ejecutados en su totalidad para el fin que fueron creados.
Antecedentes de Azul y Daireaux
Lo que hace que la amenaza de Olavarría tenga un peso real es la jurisprudencia reciente. En municipios vecinos como Azul y Daireaux, la Justicia ya ha emitido fallos favorables a los productores. Estos precedentes establecen un principio jurídico fundamental que podría cambiar la relación entre los contribuyentes y los municipios: una tasa, a diferencia de un impuesto, debe tener una contraprestación directa y comprobable.
En el caso de Azul, por ejemplo, los magistrados determinaron que si el servicio de mantenimiento no se presta de manera efectiva, el cobro de la tasa carece de legitimidad. Este argumento es el que ahora moviliza a otros distritos. En Necochea, cerca de cincuenta productores han optado por una vía distinta pero igualmente incómoda para el poder político: un amparo colectivo por acceso a la información pública. Su objetivo es obligar al municipio a detallar cada peso recaudado y demostrar, con facturas y planillas, en qué se gastó.
El dilema de las arcas municipales
Para los intendentes, esta ola de reclamos judiciales representa una amenaza directa a su estabilidad financiera. Históricamente, las tasas viales han funcionado como una fuente de recursos que, en la práctica, se utilizaba para cubrir baches en otras áreas, desde salud hasta salarios municipales.
Un fallo judicial que limite o anule el cobro de estas tasas si los caminos están en mal estado podría desfinanciar gravemente a las administraciones locales. El sector agropecuario argumenta que el deterioro de los caminos rurales ya no es solo un problema logístico, sino un factor que frena el desarrollo económico de la región.
Con los caminos convertidos en intransitables durante las temporadas de lluvia y la maquinaria sufriendo roturas constantes, los ruralistas de Olavarría parecen decididos a que sea un juez quien defina si el Estado puede seguir cobrando por un servicio que, según ellos, hace tiempo dejó de prestar.
En 9 de Julio, la situación es similar pero hasta ahora, no hay mira de cambios. Serán estos casos los que impulsen a los productores a actuar o presionar sobre sus entidades locales para cambiar el curso de los acontecimientos? La pregunta es hasta cuando aguantará la paciencia de los productores que han puesto y siguen poniendo de su bolsillo para una tasa que en los hechos está claro que que les ha sido retribuido el servicio?
