El gobierno de Javier Milei ha dado un paso decisivo en su estrategia de transformación de la infraestructura pública al oficializar el llamado a licitación para la gestión privada de miles de kilómetros de rutas nacionales. Dentro de este ambicioso esquema, denominado Red Federal de Concesiones, la Ruta Nacional 5 emerge como una de las piezas centrales debido a su valor estratégico para el motor económico del país: la producción agropecuaria.
Esta vía, que conecta la provincia de Buenos Aires con Santa Rosa, en La Pampa, integra el denominado «Tramo Pampa». Se trata de un corredor que abarca más de 500 kilómetros y que atraviesa núcleos productivos fundamentales como Bragado, Pehuajó y Trenque Lauquen. Bajo el nuevo modelo propuesto por el Ministerio de Economía, el Estado nacional se desprenderá de la responsabilidad directa sobre el mantenimiento y la operación de este trayecto, transfiriendo estas tareas a empresas privadas que deberán financiarse exclusivamente mediante el cobro de peajes.
La decisión oficial representa un cambio de paradigma profundo para los usuarios de la Ruta 5. El ejecutivo busca erradicar los subsidios del Tesoro y establecer un sistema de concesión por peaje sin financiamiento estatal, bajo la premisa de que solo quienes utilizan la infraestructura deben costear su funcionamiento. Sin embargo, este giro hacia la gestión privada ha generado una mezcla de expectativa y cautela en las comunidades del noroeste bonaerense, donde el estado de la calzada y la seguridad vial son temas de debate histórico.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es que la nueva concesión se centrará principalmente en la reparación, conservación y administración de la traza existente, sin que el pliego garantice inicialmente la construcción de la tan reclamada autovía en su totalidad. Para los transportistas y residentes de ciudades como Nueve de Julio o Carlos Casares, la preocupación radica en si el nuevo esquema tarifario se traducirá efectivamente en obras de fondo que reduzcan la alta siniestralidad de la ruta o si se limitará a un mantenimiento básico del asfalto.
El proceso licitatorio, que también incluye tramos de las rutas 3, 7 y 9 entre otras, contempla la implementación de tecnologías modernas de cobro, como el sistema de peaje de flujo libre o free-flow, que busca agilizar el tránsito pesado y reducir los tiempos de viaje. No obstante, el éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de las empresas oferentes para presentar planes de inversión sólidos en un contexto económico que sigue presentando desafíos para los contratos de largo plazo.
Mientras el cronograma oficial avanza hacia la apertura de sobres y la adjudicación de los tramos, la Ruta 5 se prepara para entrar en una nueva etapa. Lo que está en juego no es solo la administración de una cinta de asfalto, sino la eficiencia logística de una de las regiones más fértiles del mundo. El gobierno sostiene que este es el único camino hacia una infraestructura moderna y transparente, mientras que los usuarios habituales permanecen atentos para ver si, finalmente, el pago del peaje significará el fin de las décadas de postergación vial en el interior bonaerense.
