En un esfuerzo por transformar los márgenes de las carreteras en recursos productivos con impacto social, la Municipalidad de Nueve de Julio ha puesto en marcha un programa para la explotación agrícola de las tierras adyacentes a la Ruta Provincial 65. Esta iniciativa busca aprovechar las franjas de tierra que flanquean la calzada, permitiendo que productores locales cultiven cereales y oleaginosas bajo un estricto marco legal que prioriza el mantenimiento de la red vial y el financiamiento de instituciones públicas.
La medida se apoya en la Ley Provincial 10.342, la cual faculta a las administraciones municipales para otorgar permisos de uso precarios a terceros. Según fuentes oficiales, el proyecto no solo busca optimizar el uso del suelo, sino también garantizar el control de plagas y malezas que suelen proliferar en las zonas de banquinas cuando no son intervenidas. El esquema de adjudicación otorga prioridad absoluta a los productores cuyos campos limitan directamente con la ruta, seguidos por entidades de bien público y cooperadoras de escuelas rurales, antes de abrir la convocatoria a licitación general.
Sin embargo, el permiso para cultivar conlleva responsabilidades rigurosas que los beneficiarios deben acatar para evitar sanciones. El reglamento prohíbe de forma taxativa el pastoreo de ganado y la instalación de alambrados, exigiendo además prácticas de conservación que impidan la erosión del suelo. Estos permisos tienen una vigencia máxima de un año y están sujetos a la supervisión constante de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, organismo que mantiene la potestad de revocar cualquier concesión por razones técnicas o de seguridad vial.
El aspecto más relevante de este programa es su carácter distributivo, ya que los fondos recaudados por el canon de explotación tienen destinos específicos dentro de la comunidad. El 60% de los ingresos se dirigirá directamente al Consejo Escolar local para mejorar la infraestructura de las escuelas del distrito, mientras que el resto se dividirá en partes iguales entre las asociaciones de Bomberos Voluntarios y el presupuesto destinado al mantenimiento de los caminos municipales.
Para los observadores locales, esta política representa un equilibrio entre la actividad económica agroindustrial y la responsabilidad civil. Al convertir espacios tradicionalmente ociosos en unidades productivas, el municipio no solo genera ingresos adicionales para servicios esenciales, sino que traslada la carga del mantenimiento de estas áreas al sector privado, asegurando que el paisaje rural de la Ruta 65 permanezca bajo control fitosanitario y contribuya activamente al bienestar social de la región.
