Diputados presentaron este martes el informe final de la comisión investigadora en donde determinaron que hubo una “colaboración imprescindible” del presidente Javier Milei para la criptoestafa del token $LIBRA, por lo que sugiere al Congreso evaluar la posibilidad de iniciar un juicio político contra el mandatario.
“Los hechos analizados y la responsabilidad política por esta Comisión determinada, hacen necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, expresan los legisladores de la Comisión Investigadora en el informe de más de 200 páginas.
Vale señalar que, la Constitución Nacional expresa que la Cámara de Diputados es la única que puede denunciar ante el Senado al presidente por mal desempeño o por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
De presentarse y aprobarse el juicio político contra Milei, los diputados requerirán la mayoría simple, el Senado encabezará una sesión precedida por el titular de la Corte Suprema, en donde se presentarán pruebas, testigos y la defensa pertinente del acusado.
Una vez culminado el proceso, los legisladores deberán resolver si se destituye al jefe de Estado, requerirá la mayoría de dos tercios de los senadores presentes, se lo inhabilita para ejercer cargos públicos en el futuro o se lo absuelve.
En ese marco, el jefe de la bancada de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, aseguró que, tras la investigación, los legisladores están en condiciones “de confirmar que $Libra es un esquema de fraudes planificado compatible con una presunta estafa”.
En la misma línea, la legisladora de Unión por la Patria (UxP), Julia Strada, alegó que sin el tweet de Milei “no había estafa”. “Se hizo uso y abuso de la investidura presidencial y se la involucró en una presunta estafa“, siguió su correligionaria, Juan Marino.
Además, durante la exposición, los legisladores cruzaron a la Justicia por no cooperar para que los testigos citados acudan a la comisión, por lo que adelantaron que denunciarán ante el Consejo de la Magistratura al juez Marcelo Martínez de Giorgi y ante la Procuración General de la Nación, al fiscal Eduardo Taiano. En ambos casos por mal desempeño.
En paralelo, los legisladores denunciarán por falta de colaboración e incumplimiento de funcionario público a distintos miembros del Poder Ejecutivo; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, los titulares de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc.
También, los legisladores presentarán denuncias contra la responsable de la Unidad de Investigación que creó el Poder Ejecutivo por el escándalo de $LIBRA, María Florencia Zicavo, así como el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emilio Silva. Todos ellos fueron citados y no se presentaron a la comisión.
Frente a este panorama, el oficialismo, el PRO y los radicales “con peluca”, que responden a Rodrigo de Loredo, calificaron a la comisión investigadora por $LIBRA como un “circo montado” y despotricaron contra la oposición. “No pudieron disimular desde el primer momento la animosidad que tenían”, afirmó el libertario Nicolás Mayoraz.
$LIBRA: las conclusiones de la comisión investigadora
La promoción del proyecto $LIBRA no fue un hecho aislado. En diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de $KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el presidente de la Nación.
Se confirman los vínculos económicos directos entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales. El análisis técnico de las billeteras virtuales detectaron flujos de fondos entre ellos que coinciden con los montos y las fechas señalados en la investigación. Señalan transferencias de U$S 300.000 en noviembre de 2024 (antes de $KIP) y U$S 250.000 en enero de 2025 (antes de $Libra).
Que a través del tuit fijado en la red social X con su cuenta verificada con tilde gris institucional, el Presidente comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado.
Sin la promoción realizada por el presidente Javier Milei en su cuenta oficial, con caracter institucional, el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado.
Que todos los ingresos a Casa Rosada de los actores involucrados fueron autorizados y supervisados jerárquicamente por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de la Karina Milei.
Que Karina Milei, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los involucrados al Presidente, para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional.
Que no existió una verdadera voluntad de investigar mediante una auto investigación encarada por el propio Poder Ejecutivo. Por el contrario, se registró secretismo y una marcada falta de transparencia tanto en la Oficina Anticorrupción como en la Unidad de Tareas de Investigación creada especialmente para este caso.
Que existen elementos suficientes para afirmar que se habría violado la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública, en tanto el Presidente habría promovido un negocio privado contrario al ejercicio ético de sus funciones.
Que no se recibió la cooperación institucional debida por parte del Poder Judicial ni del Ministerio Público Fiscal, a pesar de tratarse de una atribución constitucionalmente reconocida la de investigar. (Diputados Bonaerenses)
