El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, denunció que el Gobierno nacional no ha enviado aportes económicos para asistir a la provincia de Buenos Aires ante las inundaciones que afectan al centro y oeste del territorio. Si bien destacó que una delegación nacional participó recientemente en una reunión de coordinación, el ministro indicó que la Provincia solicita ayuda concreta desde hace tiempo debido a que las intensas lluvias superaron en muchos municipios los 1.900 milímetros, más del doble del promedio anual, con distritos como 9 de Julio en emergencia desde marzo pasado.
Rodríguez detalló que la Provincia desplegó un amplio operativo de asistencia que incluye la declaración de emergencia agropecuaria, exención impositiva y la asignación de 2.000 millones de pesos adicionales para la reparación de caminos rurales, además del envío de maquinaria de Vialidad e Hidráulica para mejorar el drenaje y la transitabilidad.
El ministro también cuestionó la paralización de la Etapa 4.2 de la obra del Río Salado, que está a cargo del Gobierno nacional desde el 10 de diciembre de 2023. Argumentó que si la obra, correspondiente a unos 33 kilómetros a la altura de Roque Pérez, hubiera continuado, hoy estaría finalizada y el agua drenaría mejor. Además, advirtió que los fondos hídricos disponibles para esta obra quedaron inmovilizados en plazos fijos en el Banco Nación. Resaltó que durante la gestión provincial anterior se avanzó en más de 140 kilómetros de dragado del Salado y que la Provincia impulsa la licitación de la Etapa 5, aunque su ejecución depende de que Nación culmine la etapa anterior.
Finalmente, reiteró que la homologación nacional de la emergencia agropecuaria de 9 de Julio se concretó recién en septiembre, pero no se han materializado aportes económicos previstos por ley ni envío de maquinaria por parte del Gobierno nacional. El ministro informó que la Provincia modificó el sistema de certificación de emergencia para que los beneficios impositivos no impliquen un castigo financiero para los productores, evitando que los certificados se informen al sistema financiero y que los bancos privados dejen de prestarles.
