Tras su triunfo legislativo, Javier Milei se dispone a abrir la segunda etapa de su gobierno con un programa de reformas estructurales que promete reconfigurar el mundo laboral, el sistema previsional y el esquema tributario argentino. En la oposición y los sindicatos lo leen de otro modo: un ajuste profundo que afectará a los trabajadores y a los sectores más vulnerables.
La primera pieza del paquete es la reforma laboral. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, la presentó ante empresarios con una frase que resume su espíritu: “El trabajo tiene que ser libre”. En la práctica, esto se traduce en paritarias por empresa, salarios por mérito, eliminación de la ultraactividad y jornadas que podrían extenderse hasta 12 horas.
El Gobierno busca “modernizar” las relaciones laborales, pero los gremios advierten que se trata de una flexibilización encubierta. La figura del “colaborador independiente” permitirá que pequeñas empresas contraten hasta cinco trabajadores sin relación formal, bajo la excusa del emprendedurismo.
El punto más controvertido es el fin de la indemnización por despido. En su reemplazo, se creará un fondo que cada empleado deberá financiar con parte de su salario. En otras palabras, el trabajador pagará su propia indemnización.
La reforma jubilatoria será el segundo eje. A pedido del FMI, el Gobierno proyecta elevar la edad jubilatoria a 70 años para hombres y mujeres hacia 2030, reducir la tasa de sustitución a menos del 40% y eliminar las moratorias. El esquema se basará en un sistema de “cuentas nocionales”, una suerte de capitalización individual administrada por el Estado. Para los organismos internacionales, esto mejora la sostenibilidad fiscal. Para los futuros jubilados, implica cobrar menos y trabajar más tiempo.
La reforma tributaria, en tanto, se presenta como la más compleja de implementar. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ultiman los detalles de un proyecto que promete “simplificar y reducir impuestos” sin alterar el equilibrio fiscal.
El plan incluye la eliminación del impuesto al cheque, una baja gradual de Ingresos Brutos y la creación de un “Súper IVA”, que permitiría a las provincias sumar sus propios porcentajes. Los especialistas advierten que el nuevo esquema podría aumentar las desigualdades entre jurisdicciones y trasladar mayor carga impositiva al consumo.
El oficialismo sostiene que este paquete de reformas traerá “libertad económica y competitividad”. Sus críticos, en cambio, alertan que se trata de una demolición silenciosa del sistema de protección social construido durante décadas.
En nombre de la eficiencia y la libertad, Milei propone un nuevo orden económico donde cada individuo dependerá de su propio esfuerzo.
Pero en la calle, muchos se preguntan si ese nuevo orden no terminará consagrando lo de siempre: que los sacrificios recaen, una vez más, sobre los que menos tienen.
