El ingeniero Oscar Potetti, del «Plan Autovía Ruta 5 Sí o Sí», envió dos escritos: una carta abierta sobre el camino de la arena petrolera y un pedido formal a Vialidad Nacional tras dos muertes en tres días.
Dos personas murieron en accidentes de tránsito en la Ruta Nacional 5 el 15 y el 17 de noviembre, en jurisdicción de Alberti y de Carlos Casares. Dos días después, el 19, una agrupación vecinal pidió a Vialidad Nacional que evalúe declarar la emergencia vial entre Luján y Santa Rosa y que revise cómo se controla la concesión de la ruta. El pedido lo firma el ingeniero Oscar Potetti, de Nueve de Julio, en nombre del Plan Autovía Ruta 5 Sí o Sí. La iniciativa se define como abierta y apartidaria. Está dirigido a la ingeniera Daniela Hardouin, recientemente designada supervisora de la concesión, con copia al administrador general de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy. Potetti difundió además una carta abierta, de tono más histórico, dirigida a las autoridades nacionales de Energía, Transporte e Infraestructura Vial.
Un reclamo por la seguridad en la ruta
El texto dirigido a Vialidad aclara que no busca atribuir responsabilidades por las dos muertes, cuyas causas deben determinar las investigaciones. Sostiene, sin embargo, que la repetición de víctimas exige una respuesta institucional urgente. Advierte que, al ocurrir de manera dispersa a lo largo de cientos de kilómetros, estos siniestros corren el riesgo de ser tomados como hechos inevitables. La nota enumera problemas que, según dice, observan los usuarios. Hay tramos fresados que quedan semanas, y a veces meses, sin la carpeta asfáltica definitiva. Hay reparaciones de baches con desniveles, arreglos de alcantarillas que se alargan, vegetación sin mantenimiento que resta visibilidad y señalización deficiente en zonas en obra. También menciona la circulación intensa de camiones en tramos de calzada única con tránsito en ambos sentidos. El documento hace doce pedidos. Pide evaluar la emergencia vial y reforzar el control del límite de 80 km/h para camiones y de las distancias de seguridad. Propone convenios con los municipios para controles de alcohol, de licencias y de velocidad, con criterio de prevención y no de recaudación. Reclama una auditoría integral del estado de la ruta y que Vialidad informe qué obligaciones tiene la concesionaria, en qué plazos debe cumplirlas y si se aplicaron sanciones. El reclamo también apunta a la transparencia. Solicita que se identifique públicamente, con nombre, título y matrícula, a los profesionales responsables de la supervisión y de la ejecución de los trabajos. Pide un sitio web público con el contrato, los libros de obra y las observaciones de Vialidad. Reclama estadísticas oficiales de tránsito de las tres estaciones de peaje, Olivera, Nueve de Julio y Trenque Lauquen, y un canal de denuncias independiente del de la concesionaria. Pide además que cada punto reciba respuesta escrita y fundada, y que la información se tramite según la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.
Uno de los puntos más técnicos se refiere a las tarifas. Potetti pide conocer los estudios que justifican los valores actuales y cómo se diferencia a los camiones de los autos. Sostiene que el tránsito pesado incide mucho más en el desgaste de los pavimentos flexibles. En un cálculo preliminar, basado en información periodística y sin estadísticas oficiales de pesaje, estima que el transporte pesado explicaría cerca del 90% del deterioro. Los ómnibus y camiones livianos serían responsables de un 9% y los autos y camionetas de apenas un 1%. El propio texto reconoce que son estimaciones a verificar y que la tarifa debe cubrir también otros costos.
La carta sobre Frondizi y Vaca Muerta
En la carta abierta, Potetti compara dos momentos de la historia argentina ligados al petróleo. Cita al historiador Félix Luna, quien según el autor destaca que entre 1958 y 1962 la red vial del país creció 10.000 kilómetros durante el gobierno de Arturo Frondizi. Recuerda también la Ley 15.274 de 1960, que según él fijó recursos específicos para los caminos, incluido un gravamen al tránsito de camiones de más de 12 toneladas. No pude verificar esos datos de forma independiente, de modo que los atribuyo al autor. Su planteo es que hoy el auge de Vaca Muerta supone un tránsito creciente de camiones que llevan arena desde Entre Ríos hasta Neuquén, unos 1.500 kilómetros por rutas nacionales y provinciales. La Ruta 5 es uno de los corredores principales. Las comunidades de ese trayecto, escribe, ven cómo aumentan los camiones, se deterioran las calzadas y crecen los riesgos, sin recibir inversiones proporcionales. Aclara que no cuestiona el desarrollo de Vaca Muerta, sino que busca que sus beneficios lleguen también a las regiones que soportan parte de sus costos. Propone cuatro medidas: un programa integral de reconstrucción y conservación del corredor de la arena; evaluar una contribución vial específica para el transporte de arena petrolera, cuyo producido financie solo las rutas que usa; desarrollar alternativas ferroviarias y fluviales; y sumar la autovía de la Ruta 5 entre Mercedes y Santa Rosa a la planificación nacional.
El contexto de la concesión
El reclamo llega en medio de una polémica reciente. La concesionaria Corredor Vial 5 asumió la operación del tramo el 1 de julio. La concesión, de unos 546 kilómetros, es por 20 años y está controlada por la constructora mendocina Ceosa, bajo la marca Pentavía. El tramo es uno de los principales corredores agropecuarios y de arena para Vaca Muerta, con más de 1.000 camiones por día. A mediados de octubre empezaron a regir fuertes aumentos de peaje. La concesionaria había sido autorizada a subir las tarifas entre 139% y 330% en las tres cabinas. A los diez días, una revisión de Vialidad detectó irregularidades en tareas que la empresa había informado como terminadas. El Gobierno dejó sin efecto los aumentos y desplazó al funcionario que había avalado las obras presentadas. La carta de Potetti pide que se aclaren las condiciones en que se certificó la finalización de las obras iniciales y las fallas que luego habrían motivado nuevas actuaciones de Vialidad. Sigue sin resolverse la autovía entre Mercedes y Suipacha. La obra está paralizada pese a contar con financiamiento de la CAF, y la concesionaria pidió revisar el contrato para hacerse cargo de ella. Los intendentes de Chivilcoy, Alberti, Suipacha, Mercedes y Carlos Casares anunciaron un amparo judicial para frenar el cobro de peaje. A la espera de la respuesta por parte de Vialidad Nacional y de la concesionaria a los pedidos de Potetti. La carta solicita comunicar cuanto antes las primeras medidas preventivas, dada la cercanía de las vacaciones y el aumento estacional de viajes. También propone una reunión con la supervisora Hardouin y pide que el escrito se incorpore a un expediente administrativo, para poder seguir su trámite.