Argentina puede exportar petróleo, gas, litio, cobre y alimentos, pero si no desarrolla industria, ciencia y tecnología corre el riesgo de convertirse en una gran proveedora de materias primas y una compradora permanente de valor agregado.
Por Javier Pappalardo
Hay una paradoja en la economía argentina que merece bastante más atención que la discusión cotidiana sobre el dólar, el superávit fiscal o el próximo dato de inflación. El país tiene petróleo, gas, litio, cobre, tierras fértiles y una estructura agroindustrial reconocida internacionalmente. También cuenta con empresas capaces de desarrollar tecnología y una tradición científica de prestigio. Sin embargo, mientras la discusión económica se concentra en abrir la economía, reducir el gasto y acelerar las exportaciones, hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué quiere producir la Argentina y cuánto del valor de esa producción pretende conservar dentro de sus fronteras?
La diferencia no es menor. Vaca Muerta puede convertirse en una fuente extraordinaria de divisas, el litio y el cobre pueden ocupar un lugar estratégico en la transición energética y el complejo agroindustrial tiene posibilidades de ampliar sus mercados. Pero existe una distancia enorme entre extraer recursos y construir desarrollo alrededor de ellos. Un país puede exportar petróleo y después importar productos elaborados, vender litio y comprar tecnología para fabricar baterías, producir alimentos y depender de maquinaria y conocimientos desarrollados en otros mercados. Puede mejorar sus cuentas externas y, al mismo tiempo, perder capacidades productivas que tardaron generaciones en construirse.
El problema no es exportar materias primas. Sería absurdo desconocer la importancia de los recursos naturales para la economía argentina. El problema es conformarse con venderlos sin preguntarse cuánto empleo industrial, cuánta tecnología, cuántos proveedores nacionales y cuánto conocimiento pueden desarrollarse a partir de esa riqueza. La diferencia entre vender lo que se tiene y construir desarrollo está en lo que sucede después de extraer, cosechar o producir. En ese contexto, la apertura comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei introduce una discusión que no puede resolverse con consignas. La competencia internacional puede obligar a las empresas a mejorar, incorporar tecnología y reducir costos. También puede facilitar el acceso a maquinaria e insumos necesarios para producir. Pero abrir una economía no equivale automáticamente a volverla competitiva.
Una fábrica argentina que enfrenta productos de países con energía más barata, financiamiento de largo plazo, infraestructura desarrollada y escala industrial no necesariamente compite en igualdad de condiciones. Exigir productividad mientras se mantienen costos financieros prohibitivos, problemas logísticos e impuestos elevados puede terminar convirtiendo la competencia en un proceso de desaparición de empresas antes que en una modernización industrial.
Tampoco alcanza con defender cualquier fábrica por el solo hecho de estar instalada en territorio argentino. Durante décadas, parte de la industria nacional convivió con esquemas de protección que no siempre se tradujeron en inversión, innovación o mejoras de productividad. Esa historia también debe formar parte del diagnóstico. Una política industrial seria no puede ser un refugio permanente para la ineficiencia. Pero una política de apertura tampoco puede confundir competencia con abandono.
China ofrece una referencia que merece ser estudiada sin idealizaciones. Su desarrollo industrial no se explica solamente por salarios bajos o capacidad exportadora. Detrás de sus productos existe una arquitectura que combina infraestructura, financiamiento, energía, logística, proveedores y planificación. La competitividad comienza mucho antes de que un contenedor llegue al puerto: empieza en las condiciones que permiten producir. Argentina no necesita copiar el modelo chino, pero sí debería aprender una lección: ningún país construye una posición industrial relevante esperando que el mercado resuelva por sí solo todos los problemas de competitividad. El Estado no tiene que financiar indefinidamente empresas sin resultados ni elegir ganadores por conveniencia política. Tiene que generar infraestructura, estabilidad y reglas previsibles para que invertir y producir sea una decisión razonable.
Hay, además, una discusión todavía más profunda. El mundo está ingresando en una transformación científica y tecnológica que puede modificar el valor de los recursos naturales. La inteligencia artificial ya participa en el descubrimiento y diseño de nuevos materiales. Los avances de Google DeepMind con su proyecto GNoME permitieron identificar millones de estructuras cristalinas potencialmente estables, abriendo nuevas posibilidades para la investigación. No significa que todas puedan fabricarse comercialmente ni que vayan a reemplazar inmediatamente a los materiales existentes. Significa algo más importante: el conocimiento puede modificar las posibilidades de producción y las ventajas económicas que hoy parecen aseguradas.
En ese escenario, un país que debilita sus universidades, su sistema científico y sus capacidades de investigación corre el riesgo de quedar afuera de una transformación que puede definir las próximas décadas. La ciencia y la tecnología no son gastos desconectados de la economía. Son parte de su infraestructura productiva. Sin investigadores, ingenieros, técnicos y empresas capaces de incorporar conocimiento, los recursos naturales pueden terminar generando riqueza en otros territorios.
La discusión también tiene una dimensión concreta en el interior productivo. En ciudades como Nueve de Julio, la economía no se explica solamente por las grandes variables nacionales. Se expresa en una metalúrgica que necesita vender, en un taller que debe renovar maquinaria, en una empresa de transporte que enfrenta costos crecientes y en una fábrica de alimentos que busca financiamiento. Cuando se deteriora el entramado productivo, el impacto no queda encerrado en una planta industrial: alcanza al comercio, al empleo, los servicios y toda la economía local.
Por eso, la estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no constituye por sí sola un proyecto de desarrollo. El equilibrio fiscal puede ordenar las cuentas públicas, la baja de la inflación puede devolver la previsibilidad y la apertura puede ampliar las posibilidades de intercambio. Son objetivos importantes. Pero el éxito de una economía también debe medirse por su capacidad de transformar esa estabilidad en inversión, empleo, productividad y nuevas oportunidades de producción. La Argentina necesita dólares, pero también empresas capaces de generarlos de manera sostenida. Necesita exportaciones, pero también proveedores nacionales que participen de esas cadenas. Necesita inversión extranjera, pero también capital local dispuesto a ampliar su capacidad productiva. Necesita recursos naturales, pero sobre todo conocimiento para convertirlos en riqueza duradera.
Hay una diferencia entre tener recursos y construir un país alrededor de ellos. La primera condición viene dada por la naturaleza. La segunda depende de las decisiones económicas, políticas y educativas que una sociedad toma a lo largo del tiempo. Quizás es ahí el verdadero límite de una economía atrapada en el corto plazo: puede celebrar cada dólar que ingresa, cada punto que baja la inflación y cada peso que deja de gastar, pero si al mismo tiempo pierde industria, ciencia, tecnología y capacidad para transformar sus propios recursos, estará resolviendo una parte del problema mientras compromete otra mucho más importante. La Argentina no necesita elegir entre estabilidad y producción. Necesita que la estabilidad sirva para construir producción. De lo contrario, puede terminar siendo un país cada vez más rico en recursos y cada vez más pobre en capacidades para transformarlos.
