La salida del senador brasileño Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, utilizando a la Argentina como país de tránsito en medio de restrictivas medidas judiciales en su contra, desencadenó la apertura de investigaciones judiciales dirigidas hacia funcionarios del gobierno argentino.
La controversia se intensificó tras la confirmación de la Dirección Nacional de Migraciones respecto al paso de Flávio Bolsonaro por territorio argentino. El legislador, sobre quien pesaba una orden de entrega de pasaportes y una prohibición de salida de Brasil emitida por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes en el marco de investigaciones por presunto lavado de dinero, cruzó la frontera terrestre a través del puente internacional Tancredo Neves hacia Puerto Iguazú.
Según las autoridades migratorias argentinas, el senador ingresó al país junto a su familia presentando documentación válida y sin que pesaran en ese momento alertas ni restricciones registradas en los sistemas de control locales. Pocas horas después de su arribo a la provincia de Misiones, el grupo abordó un vuelo privado con matrícula argentina de la firma Baires Fly en el aeropuerto de Puerto Iguazú. Tras realizar una escala técnica de reabastecimiento en Guayaquil, Ecuador, la aeronave aterrizó en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en la ciudad de Miami.
La rapidez de la maniobra y el trayecto aéreo seleccionado, que evitó el sobrevuelo del espacio aéreo brasileño, encendieron las alarmas en el ámbito político y judicial de la región. Frente a las versiones que sugerían la existencia de un operativo de auxilio, diversos actores de las partes involucradas hicieron públicas sus posturas de manera contradictoria.
En Brasil, el entorno político cercano al senador rechazó inicialmente la hipótesis de una huida del país. El coordinador de la campaña presidencial del Partido Liberal, Rogério Marinho, desmintió enfáticamente la salida de la dirigencia al declarar públicamente que el senador no había salido del territorio nacional. No obstante, una vez confirmado el desembarco en territorio estadounidense, el propio Flávio Bolsonaro dedicó un agradecimiento público al Presidente de la Nación Argentina, expresando en sus canales oficiales: «Gracias por su valentía y sentido de justicia».
Desde la Casa Rosada mantuvieron que los controles fronterizos operaron estrictamente conforme a la norma, asegurando que la familia ingresó «con documentación de viaje válida y sin impedimentos legales registrados en los sistemas migratorios nacionales». Sin embargo, funcionarios de la administración celebraron abiertamente la noticia. Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital de la Presidencia argentina, respaldó la maniobra en redes sociales al señalar que el legislador brasileño se encontraba «a salvo de una persecución política«.
El paso de Bolsonaro por suelo argentino dio lugar a la apertura de causas en la justicia federal. La fiscalía de Puerto Iguazú y juzgados federales porteños iniciaron medidas de prueba tras denuncias presentadas por legisladores de la oposición y presentaciones de oficio.Las actuaciones buscan determinar si existió un incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento o una intervención irregular por parte de integrantes del Poder Ejecutivo argentino para facilitar la logística y posterior despegue del vuelo privado. Entre los nombres señalados en los planteos judiciales figura el del asesor presidencial Santiago Caputo, a quien la oposición atribuye participación en la coordinación del operativo, además de requerirse la preservación de los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional misionesño y de las planillas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
