Por Juan Manuel Jara
Las cifras no mienten, pero el silencio oficial sobre su destino resulta ensordecedor. Esta semana, en la reunión de la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD), espacio del cual participan autoridades educativas, Consejo Escolar, gremios docentes y representantes del Ejecutivo con el fin de coordinar el trabajo sobre eventuales necesidades de las escuelas locales, se blanqueó un secreto a voces: la gestión municipal navega en aguas financieras profundamente inestables y los recursos que deberían sostener a la educación terminan absorbidos por el agujero negro de las cuentas públicas. Saquen una hoja. Hoy, Aritmética.
Durante los primeros ocho meses de este año, 9 de Julio recibió un total acumulado de $124.243.326.- en concepto de Fondo Provincial Compensatorio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ley 13.010). Este monto lo reciben los Consejos Escolares para «tareas de conservación, reparación y mantenimiento menor de los edificios escolares públicos de la provincia».
Pero, por el famoso y tristemente célebre Fondo Educativo, en lo que va del 2026 -hasta agosto-, el municipio recibió $ 2099.861.163.-. Habrá que esperar la rendición de cuentas 2026 para saber cuánto de esta cifra fue a donde tiene que ir, y cuánto fue a cubrir la deuda municipal. El antecedente al respecto del 2025 no trae buenos recuerdos.
La normativa es explícita respecto al destino de estos fondos: el artículo 7 del Decreto provincial 292 del año 2024 especifica que, como mínimo, un 40% debe invertirse directamente en infraestructura escolar. En el conurbano es el 50%. El resto debería utilizarse para atender cuestiones que surjan del ambito educativo. Sin embargo, en la práctica, tal como venimos repitiendo incansablemnete, la realidad contrasta severamente con la norma.
La municipalidad mantiene un giro en descubierto casi permanente en sus cuentas bancarias, un endeudamiento que devora de forma automática cualquier partida presupuestaria que ingresa a esas cuentas. Así, el dinero destinado a reparar techos, sanear aulas o garantizar condiciones dignas en los establecimientos educativos queda retenido y cautivo para tapar el déficit mensual. El saber cómo se llegó a esta situación no es una pregunta más, es la principal.
Esta asfixia financiera provocó un repliegue del Estado municipal en sus funciones más primordiales. La falta de liquidéz no solo expone una administración enfocada casi de manera exclusiva en el pago de salarios, sino que genera un vacio de gestión que otros actores de la comunidad han tenido que salir a cubrir. Ejemplo de esto resulta que instituciones como la Federación Agraria deban ponerse al hombro gestiones ante organismos provinciales —como la Autoridad del Agua o Desarrollo Agrario— que corresponden legítimamente al Ejecutivo local, o que entidades cooperativas (CEyS Mariano Moreno, Cooperativa Electrica de Quiroga) asuman la intervención de obras públicas ante la imposibilidad o la incapacidad operativa de la comuna.
Y con la crisis de recursos, surge la crisis de idoneidad. Algo no menor. La función pública municipal se ha transformado, en no pocas áreas clave, en un refugio de funcionarios. Justificar la inacción sistemática bajo el único argumento de que «no hay plata» revela una profunda falta de capacidad y una comodidad enervante. Si la estructura política no puede cumplir el propósito para el cual fue diseñada ni dar respuestas elementales a la ciudadanía, la continuidad de esos cargos carece de todo sustento y sentido. Si no hay plata para que ejerzan su función, de qué sirve que sigan cobrando su sueldo? Casi un reducto de becados en un municipio en rojo. Inentendible.
El escenario financiero y político del distrito ya no es simplemente crítico, es insostenible. La espiral de endeudamiento y el uso del descubierto como una herramienta cotidiana y no de emergencia han arrastrado a la ciudad a una parálisis estructural casi total. Responder cómo llegó a este punto, deslindar las responsabilidades locales de este quebranto y ejecutar una auditoría profunda sobre las arcas comunales serán tareas no grata pero ineludible de quien resulte elegido en las próximas elecciones.
No habrá, no hay, lugar para promesas, voluntarismo ni soluciones mágicas. La actualidad de 9 de Julio ya le exije a los inminentes candidatos a la intendencia un equipo de gobierno capacitado (ni amigos, ni recompensas a militantes), idóneo y con el coraje necesario para gestionar en la escasez, con un plan concreto y factible para salir de una crisis profunda. Sin eso, abstenerse de postularse. Porque las excusas se agotaron y la realidad de las calles no admite más demoras, ni becados.
