La intendenta María José Gentile hizo un balance de su gestión. Habló de caminos rurales, educación, agua, ambiente y obras, y dijo que deja su vida en esto. Nadie tiene por qué dudar del esfuerzo. Al lado, el otro balance del año, el de un órgano externo a la política local. El Tribunal de Cuentas de la Provincia notificó el 6 de agosto el traslado de las observaciones a la Rendición de Cuentas 2025. Seis capítulos, ya publicados aquí. El descubierto bancario, los reconocimientos de deuda a cinco cooperativas eléctricas por $498.622.328,15, las fotomultas, el Fondo Educativo, los controles ya encomendados en el fallo anterior y la tasa de red vial. En los seis el problema tiene la misma forma. Se pidió el papel y el papel no apareció.
Con los caminos conviene detenerse. La tasa de red vial se cobra todos los años y su destino lo fijó el municipio. La Ordenanza Fiscal 7330/2025 creó un Fondo de Inversión en maquinarias viales y mandó reglamentarlo, porque un fondo existe para atar lo recaudado a un destino verificable. El Tribunal la pidió y la respuesta entró por bidireccionalidad sin documentación. Mientras el fondo siga sin reglamentar no hay forma de saber si lo que se cobró para los caminos fue a los caminos. No la inventó un organismo de La Plata. La hace cada productor que sale a la ruta después de una semana de lluvia. Después se explica que los caminos son una prioridad. La pregunta deja de ser retrospectiva. La NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional coinciden en un El Niño excepcional, con lluvias por encima de lo normal desde octubre y tres chances en cuatro de ser el más fuerte desde 1950. En la cuenca del Salado eso significa agua que se queda. La red vial rinde examen entre noviembre y enero, sin descargo posible.
La misma rendición arroja un déficit computable a los fines del artículo 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de $2.438.651.792,45, y el Concejo Deliberante la desaprobó por Resolución 101/2026. Por el ejercicio anterior, el fallo 123/2026 ya le había aplicado a la intendenta una multa de $900.000.
Conviene ser justos con el alcance. El Tribunal no imputa faltante, no denuncia desvío y no atribuye delito a nadie. Lo que observa es la ausencia del respaldo que permitiría verificar cada operación. El traslado otorga quince días para el descargo y el fallo se dicta después. Si el papel aparece, las observaciones caen.
En ese balance la intendenta habló de responsabilidad legislativa y dijo que para unas cosas somos rigurosos y para otras no. Tiene razón en las dos. Una ordenanza es una ley para nuestra ciudad, como ella dijo, y la 7330/2025 también. El rigor que le reclama al Concejo por el nombre de una calle es el que un organismo provincial le reclamó seis veces por el destino del dinero.
Un capítulo no necesita traducción. Durante 2025 el municipio percibió $2.357.130.143,92 del Fondo de Educación, Ciencia y Tecnología. La ley 15.394 obliga a destinar al menos el cuarenta por ciento a infraestructura escolar, $942.852.057,57 para 9 de Julio. El contador municipal informó que se aplicaron $20.435.162,81. Ochenta y siete centavos de cada cien pesos recibidos. La ley preveía una salida, coordinar otros destinos con la Dirección General de Cultura y Educación, y el Tribunal dejó constancia de que no se acreditó. En qué se aplicó el resto es la pregunta que el municipio le debe a la comunidad. En infraestructura escolar no se aplicó.
Falta un número. En la legislativa del año pasado, el espacio que encabeza la intendenta reunió en 9 de Julio 2.888 votos, el 11,92 %. Poco más de uno de cada diez. Gobernar con ese respaldo no achica la obligación de mostrar los papeles. La agranda.
Lo decía mi abuelo. El fútbol, como la vida, siempre te avisa antes.
El Lobo
