En los últimos días empezó a circular por Nueve de Julio una idea curiosa: que a la intendenta María José Gentile hay que protegerla de la crítica. La idea tiene su encanto, pero descansa en un malentendido. En una república, las instituciones están para controlar a quien gobierna, y cuando hablan conviene escucharlas.
En las cuentas ya hablaron. El Tribunal de Cuentas de la Provincia observó seis capítulos de la Rendición de Cuentas 2025, y el primero es el descubierto bancario. El municipio vive en rojo con el Banco Provincia mes tras mes, y lo que debería ser un recurso excepcional se volvió costumbre. El déficit computable supera los 2.438 millones de pesos y el Concejo Deliberante desaprobó la rendición. Corresponde aclararlo: las observaciones señalan falta de respaldo documental, sin imputar faltantes, y el Tribunal todavía no dictó su fallo.
En los caminos también hablaron, esta vez el agua y los productores. En 2025 el 42 % del partido quedó bajo agua, y entre fines de septiembre y principios de octubre volvieron a caer entre 220 y 300 milímetros en la zona rural. La red vial sigue cortada, la tasa de red vial figura entre los capítulos observados y el fondo para maquinaria que creó la propia Ordenanza Fiscal nunca se reglamentó.
En la salud, la paradoja es más incómoda. Gobierna una médica, y sin embargo muchos nuevejulienses siguen haciendo cien kilómetros para atenderse en Junín. Cuando la confianza de los vecinos en su sistema de salud se mide en kilómetros de ruta, ningún discurso la reemplaza.
Y en la justicia cercana, la que el vecino conoce, el cuadro tampoco ayuda. La jueza Valinoti, titular del Juzgado de Faltas N° 1, renunció después de haber sido condenada, con sentencia firme, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público, en concurso real. La renuncia le evitó el juicio político, y la intendenta nunca se la pidió. El juez de paz Alejandro Casas lleva seis meses de licencia, y en ese tiempo el juzgado fue subrogado primero por el juez de paz de General Viamonte, Dr. Jorge Aldo Martínez; después por la jueza de paz de Carlos Casares, Dra. Soledad Contreras, y ahora por el juez de paz de Suipacha, Dr. Hernán José Salaberri. Ninguno se hace presente en el despacho; las resoluciones se firman a la distancia, desde sus propias ciudades. Los dos llegaron a sus cargos durante la gestión de Mariano Edmundo Barroso y con su aval. La justicia de paz depende de la Provincia, es cierto, pero el vecino que necesita un trámite no distingue jurisdicciones; solo encuentra la puerta cerrada.
Las urnas también hablaron. En las elecciones del 7 de septiembre de 2025, la lista del oficialismo municipal obtuvo 2.888 votos y quedó cuarta. Ningún homenaje corrige ese número.
Economía, caminos, salud y justicia. Ninguno de estos frentes se resuelve con homenajes, y ninguno mejora porque alguien pida que se proteja a quien gobierna. Quien gobierna se protege solo, haciendo las cosas bien y dejándose controlar. Proteger a la intendenta, entonces, sería dejar que las instituciones hagan su trabajo. Las que ya hablaron dijeron bastante.
El Lobo
