Hay una paradoja que se repite en Nueve de Julio desde hace demasiado tiempo y que esta semana volvió a quedar expuesta: la empresa que nos vende la luz mantiene a sus dueños en la oscuridad. Porque eso es una cooperativa — conviene recordarlo cada vez que alguien lo olvida, empezando por sus administradores: no es una empresa privada de un grupo de accionistas, no es una repartición del Estado, no es un coto. Es de los socios. De todos. Del que paga la factura cada mes sin atrasarse y del que la paga como puede. Y el dueño de una casa tiene derecho a saber qué pasa adentro de su casa.
Cinco concejales del bloque de La Libertad Avanza —Moos, Ormaechea, Paladino, Carta y Giacomino— presentaron ante el INAES, el órgano nacional de control de las cooperativas, una denuncia solicitando su intervención fiscalizadora en la CEyS Mariano Moreno. Los fundamentos, expuestos en la presentación y ampliados por Moos y Ormaechea en Supernova 97.9, no admiten el encogimiento de hombros. Estiman una deuda con CAMMESA de 14 millones de dólares, que seguiría creciendo porque —afirman— la cooperativa no paga la energía corriente aunque los usuarios sí pagan sus facturas. Señalan una condena de 1.088 millones de pesos en 2025 que con punitorios habría trepado a 2.100 millones, y una segunda sentencia, según advierten, golpeando la puerta. Denuncian, en fin, honorarios millonarios de un estudio jurídico y balances, estados contables e informes de auditoría que los socios no pueden consultar, pese a haberlos requerido sin respuesta.
Este editorial no da por probada ninguna de esas cifras, para eso está, precisamente, el INAES, y para eso los concejales pidieron una auditoría integral. Lo que este editorial sí da por probado —porque está a la vista de cualquiera— es el silencio. Si las cifras de los denunciantes fueran erróneas, la respuesta de la cooperativa sería la más sencilla del mundo: publicar los balances, exhibir las sentencias, mostrar los pagos. Una entidad de la economía social con las cuentas en orden no le teme a una auditoría, la agradece. La opacidad es cara, se paga en desconfianza cuando las cosas van bien, y se paga en punitorios cuando van mal.
Y acá está el nervio del asunto, el que los concejales pusieron sobre la mesa con una pregunta que todo vecino debería hacerse: si la cooperativa cobra la energía a sus usuarios pero no la paga a su proveedor mayorista, ¿quién paga la diferencia cuando lleguen los embargos, los recargos y los honorarios? La respuesta la sabe cualquiera que haya administrado una casa: la pagan los dueños. Es decir, nosotros. La luz que ya pagaron, pagada de nuevo — esta vez con intereses.
Se dirá que la denuncia tiene color político, y es cierto que la firman concejales de un bloque. Pero la pregunta que formulan no tiene partido: pedir balances no es de derecha ni de izquierda, es de socio. El control no es un ataque a la cooperativa sino su defensa. Las instituciones de la economía social no se destruyen cuando se las audita, pero se destruyen cuando se las blinda. El espacio queda, como siempre, abierto para que la cooperativa exhiba lo que los socios reclaman. Sería, además de una obligación legal, la mejor noticia posible: que los números desmientan a los denunciantes. Ojalá.
Permítanme cerrar con una comparación que cualquier comerciante de Nueve de Julio entiende sin necesidad de título alguno: no existe empresa privada sobre la faz de la tierra que deje de pagarle al proveedor de su materia prima esencial y siga funcionando. El almacenero paga la mercadería, el panadero paga la harina, el transportista paga el gasoil — o cierran. Esa es la disciplina elemental del que arriesga lo propio: primero se paga el insumo que sostiene el negocio, después todo lo demás.
La cooperativa compra energía, la revende y la cobra. Si lo que denuncian los concejales es cierto — que el usuario paga su factura pero la cooperativa no paga la suya —, entonces lo que falla no es la caja, es el criterio. Y acá el dato de contexto importa: la trayectoria laboral conocida del actual presidente de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno transcurrió en el ámbito público — su empleo anterior fue dentro del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, sin registrar paso alguno por la actividad privada. No es un dato menor ni una descalificación personal sino la explicación más sencilla del fenómeno. Quien nunca administró un negocio propio nunca sintió lo que significa no pagar la materia prima: fundirse. En el ámbito público, en cambio, no pagar tiene otro nombre. Se llama trasladar el problema. Con punitorios, con honorarios, con embargos. Y siempre lo paga otro: el vecino, que ya pagó la luz una vez y ahora la va a pagar de nuevo.
Cuando las cuentas no se muestran, tarde o temprano, las cuentas se cobran. Porque, como decía mi abuelo, la verdad no falla.
EL LOBO
