El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha puesto en marcha la licitación para el quinto tramo del Plan Maestro del Río Salado, una de las infraestructuras hídricas más ambiciosas de las últimas décadas en Argentina. Esta nueva fase busca transformar el corazón productivo de la región pampeana mediante una inversión que ronda los 138 millones de dólares, financiada en gran medida por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
El anuncio se hizo hoy en una reunión que encabezó Gabriel Katopodis, Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, junto a Javier Rodríguez, Ministro de Desarrollo Agrario provincial, Intendentes y funcionarios del area. Nueve de Julio contó con la presencia de la Intendente Gentile y el Secretario de Obras Públicas Juan Pablo Boufflet.
El proyecto contempla una intervención profunda sobre 60 kilómetros de cauce, extendiéndose desde el municipio de Bragado hasta las inmediaciones de la laguna Rocha. Los trabajos no se limitan al dragado y ensanche del río, sino que incluyen la reconstrucción de siete puentes críticos, tanto viales como ferroviarios, para garantizar la conectividad en una zona históricamente castigada por los desbordes. Entre los puntos destacados se encuentran las mejoras en los puentes Cardesales, Irala-Coliqueo y los cruces de la ruta provincial 42.
Desde el punto de vista productivo, el impacto de esta obra se mide en hectáreas recuperadas. Se estima que el saneamiento hídrico permitirá reincorporar unas 400.000 hectáreas a la frontera agropecuaria, beneficiando directamente a más de 1,5 millones de bonaerenses. Al triplicar la capacidad de escurrimiento del río, se busca mitigar el riesgo de inundaciones recurrentes que afectan la rentabilidad del sector agroindustrial y la estabilidad de los centros urbanos cercanos.
El anuncio también se produce en un clima de tensión política. Las autoridades provinciales han subrayado que el avance de esta etapa se financia de manera autónoma ante la parálisis de los trabajos en el tramo anterior, que dependían de la administración nacional. Según el Ministerio de Infraestructura bonaerense, completar este segmento es una prioridad estratégica para evitar que las mejoras realizadas en las etapas anteriores pierdan efectividad por la falta de continuidad en el cauce superior.
La apertura de sobres para definir a las empresas constructoras está programada para finales de febrero de 2026. Con un plazo de ejecución estimado en dos años, esta etapa representa el tramo final de un plan integral que busca dar una solución definitiva al manejo de aguas en una cuenca que concentra casi el 30% del ganado nacional y una porción sustancial de la producción de granos del país.
