Durante la vigencia del decreto 682/2025, las grandes exportadoras registraron operaciones por más de 19,5 millones de toneladas y obtuvieron un beneficio estimado en USD 1.700 millones. Pequeños y medianos productores cuestionan que quedaron fuera del esquema.
El gobierno eliminó de forma transitoria las retenciones a productos agrícolas para acelerar el ingreso de divisas. Las cerealeras concentraron las registraciones de exportación sin haber comprado todo el grano, generando una ventaja económica considerable. Desde el agro reclaman que la medida no contempló a los productores.
A días de la puesta en marcha y vencimiento del decreto 682/2025, que eliminó temporalmente los derechos de exportación a productos agrícolas y sus derivados, crecen las repercusiones en el sector agroindustrial. La medida, impulsada por el Gobierno nacional con el objetivo de acelerar la liquidación de divisas, generó una importante transferencia de ingresos en favor de las grandes cerealeras, mientras que los productores no recibieron beneficios equivalentes.
Según datos del mercado, durante los tres días de vigencia de la norma se registraron exportaciones por 19.591.831 toneladas, lo que equivale a un valor cercano a los USD 7.000 millones, uno de los topes establecidos por el decreto. Buena parte de ese volumen corresponde a mercadería de la próxima campaña agrícola, aún no cosechada ni comercializada.
El mecanismo vigente permite registrar ventas externas sin haber adquirido previamente el grano. Esto posibilitó que algunas exportadoras cerraran operaciones descontando retenciones que finalmente no debieron tributar. El resultado: una diferencia neta de aproximadamente USD 1.700 millones que, de haberse mantenido la alícuota, habrían ingresado al fisco.
De acuerdo con cálculos privados, siete grandes compañías concentraron el 86% de las registraciones. La principal fue Louis Dreyfus Company (LDC Argentina), con 3,54 millones de toneladas registradas (18,1% del total). Le siguieron Cargill (17,9%), Bunge (13,7%), Aceitera General Deheza (12,8%), Cofco (9,5%), Molinos Agro (7,4%) y Viterra (7,4%).
Reclamos desde el campo
Desde distintos sectores del agro, especialmente entre los productores pequeños y medianos, se cuestiona que la eliminación de retenciones haya sido aprovechada casi exclusivamente por las firmas exportadoras. Durante la ventana de 72 horas, muchas de estas compañías adquirieron mercadería a valores que no reflejaban el beneficio impositivo recibido, pagando entre un 10% y un 20% menos del precio que correspondería sin retenciones.
También se destaca que buena parte del volumen registrado aún no se ha movilizado físicamente. La obligación impuesta por el decreto era únicamente la liquidación de divisas dentro de un plazo de tres días hábiles, lo que implica que los granos aún permanecen en silobolsas, acopios o plantas de procesamiento.
Además, no todo lo registrado fue grano en estado natural. Una proporción significativa corresponde a productos industrializados como aceite, harina y pellets de soja, que requieren materia prima que todavía no fue comprada a los productores.
El Gobierno defiende la medida señalando que el ingreso inmediato de USD 7.000 millones fortalece las reservas del Banco Central y aporta oxígeno financiero en un contexto macroeconómico complejo. Sin embargo, voces del sector alertan que la política de eliminación temporal de retenciones favoreció la concentración y no atendió a quienes producen la materia prima esencial de la cadena agroexportadora.
