Por Redacción Extra Digital
Hay una forma de reconocer a un gobierno que administró mal: el que, cuando llega la hora de rendir cuentas, habla del contexto. Habla de la lluvia, de la inflación, de la Nación, de la Provincia, de la emergencia hídrica. Habla de todo, menos de sus propias decisiones. El oficialismo de Nueve de Julio dio anoche una clase magistral de ese arte. Lástima que los números no se dejan convencer con relatos.
El Concejo Deliberante rechazó la Rendición de Cuentas 2025 del Ejecutivo Municipal. Los números hablan por sí solos. El déficit: $2.438.851.742,45. La deuda flotante al cierre del ejercicio: $2.800 millones, un incremento del 500% respecto a 2024. Los fondos comprometidos que deberán restituirse por no haber sido usados conforme a su destino: más de $3.500 millones. Y el fondo educativo ejecutado: apenas el 21% de lo recaudado, cuando la ley exige un piso mínimo del 40%. Estos no son datos de la oposición. Son los números de la propia rendición.
Primera excusa: la culpa es del contexto
La concejal oficialista Inés Ormaechea, contadora pública, explicó que el déficit se debió a la crisis económica nacional y a la emergencia hídrica. Nadie discute que ambas existieron. Pero hay una pregunta que el oficialismo no respondió: ¿por qué otros municipios con los mismos condicionantes externos no acumularon semejante desastre financiero?
La crisis económica nacional fue igual para todos. La inflación golpeó a todos los distritos bonaerenses. Sin embargo, no todos terminaron el ejercicio 2025 con un déficit que casi duplica el propio presupuesto de funciones esenciales. La crisis no explica el desastre, lo que explica el desastre es cómo se tomaron las decisiones dentro de la crisis. Y eso es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo municipal. Invocar el contexto como causa es una falacia. El contexto es el mismo para todos. La gestión, no.
Segunda excusa: la emergencia hídrica
El oficialismo puso la emergencia hídrica en el centro de su defensa. Válido: la inundación generó gastos extraordinarios en caminos rurales, maquinaria y operativos de emergencia. Pero aquí aparece la segunda paradoja: si la emergencia hídrica fue tan determinante en el gasto, ¿por qué se rechazó ayuda externa para realizar tareas preventivas en canales y desagües?
Lo denunciaron los concejales opositores y nadie lo refutó. Hubo ofrecimiento de asistencia para el mantenimiento preventivo de la red de drenaje y fue rechazado. Una gestión competente no rechaza ayuda preventiva y luego invoca la emergencia como justificativo del gasto. Eso no es mala suerte. Es impericia.
La concejal Julia Crespo lo dijo con precisión quirúrgica: la falta de mantenimiento preventivo agravó el impacto de la crisis hídrica. El agua no avisó cuando llegó. Pero los canales sin mantenimiento tampoco son una sorpresa. Son el resultado de años de desidia presupuestaria. «Para que arreglar limpiar los canales sin hay seca» le dijo una ex concejal oficialista a una dirigente de otro partido cerca del 2022, demostrando su falta de visión y, sin dudas, idoneidad para haber estado alli.
El escándalo silencioso: $2.250 millones educativos sin ejecutar
Este es el dato más grave de toda la rendición y el que menos se ha dimensionado públicamente. El municipio recibió el Fondo Educativo — una partida con destino específico a infraestructura escolar — y ejecutó apenas el 21% de lo recaudado. Más de $2.250 millones destinados por ley a las escuelas del distrito no fueron usados para ese fin.
Esto no es subejecución presupuestaria. Es la utilización de fondos con afectación específica para otros destinos, conducta que el propio Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires observó mediante dictamen. Los vecinos de Nueve de Julio imaginaban que sus hijos tendrían mejores aulas. Ese dinero fue a otra parte. Que el oficialismo explique adónde. Debe hacerlo. Aunque es fácil adivinarlo.
La ley no establece el 40% como una sugerencia. Lo establece como un piso mínimo inderogable. Ejecutar el 21% es violar la norma. Sobre eso no hay contexto que valga.
La deuda flotante: un 500% de incremento no es un accidente
La deuda flotante cerró el ejercicio en $2.800 millones. En 2024 era sustancialmente menor. Un incremento del 500% en un año no es el resultado de una tormenta perfecta sino el de gastar sistemáticamente por encima de los recursos disponibles sin planificación ni corrección de rumbo. La propia funcionaria oficialista reconoció que gran parte correspondía a salarios impagos al 31 de diciembre.
Aquí aparece la tercera contradicción del relato oficial. Por un lado, el Ejecutivo se enorgulleció de haber sostenido el poder adquisitivo de los trabajadores municipales y acompañado la inflación. Por el otro, cerró el año debiendo sueldos. ¿Cuál de las dos versiones es cierta? Porque no pueden ser las dos al mismo tiempo.
Además, el concejal Palacios denunció que hace seis meses la oposición solicita datos sobre la planta municipal y el Ejecutivo no los suministra. Fue el propio edil del PRO, Bonfiglio — del oficialismo — quien deslizó la cifra: 1.086 empleados. Número al que habria que sumar los «tercerizados». Si el 70% del presupuesto se va en salarios de una planta sobredimensionada que el Ejecutivo no quiere transparentar, hay una causa estructural del déficit que el oficialismo evita nombrar.
«El municipio siguió funcionando»: el argumento más pobre de todos
La concejal Ormaechea cerró su defensa con una frase que merece ser analizada: «Una mala gestión no es solamente que los números den mal, sino que no se brinden servicios. Y este municipio siguió funcionando«. Con ese criterio, cualquier gestión que no colapse completamente merece aprobación. Es el estándar más bajo imaginable para la administración de fondos públicos. No quebrar no es un mérito sino la obligación mínima de cualquier gobierno. El vara no puede estar tan cerca del suelo.
Además, la propia oposición desmintió el argumento: la Casa Abrigo — destinada a la protección de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad — cerró sus puertas. Los programas de salud mental y niñez fueron subejecutados. Las políticas de género no recibieron los recursos comprometidos. El municipio «siguió funcionando», sí. Pero no para todos sus vecinos por igual.
El rechazo fue un acto de responsabilidad institucional
Muchas veces criticado en su hacer o no hacer, el Concejo Deliberante anoche hizo lo que debía, o sea, rechazar una rendición de cuentas que no resiste el más mínimo escrutinio técnico ni político. Déficit de $2.438 millones, deuda flotante de $2.800 millones, fondos educativos sin ejecutar conforme a ley, fondos afectados usados para otros destinos, planta municipal opaca y servicios esenciales cerrados. Eso no es mala suerte, es impericia.
La rendición de cuentas es el momento en que el Estado le dice a sus ciudadanos qué hizo con el dinero que le confiaron. Nueve de Julio tuvo ese momento anoche. Y la respuesta del oficialismo fue invocar la lluvia, la Nación y la inflación. Excusas para no asumir las propias falencias. La deuda es millonaria, los números de la autocrítica siguen en cero, la reestructuración de la planta de funcionarios sigue en le mismo guarismo. Deberá haber responsables por estas decisiones que afectan a los nuevejulienses. A no sorprenderse si, prontamente, se invoca la necesidad de aumentar tasas. O sea, que el vecino pague las decisiones de la gestión. Los vecinos, los que los votaron y los que no, merecen algo más que excusas.
