Por Redacción Extra Digital
El Gobierno avanza con una propuesta que promete transformar de manera profunda el régimen de desalojos en el país. La iniciativa apunta a implementar un sistema de “desalojos exprés”, con plazos notablemente más breves y requisitos simplificados, lo que ha encendido el debate entre propietarios, inquilinos y especialistas en derecho.
El eje central del proyecto es la reducción drástica de los tiempos legales. Actualmente, ante una falta de pago, el proceso de intimación otorga un plazo de diez días al inquilino para regularizar la situación. Con la nueva normativa, ese período se acortaría a tan solo tres días, lo que implica una presión mucho mayor para quienes atraviesan dificultades económicas. Pero el cambio más significativo se encuentra en la etapa final del desalojo. Según la propuesta, el procedimiento completo podría resolverse en apenas cinco días. Para ello, se simplificarían los requisitos exigidos a los propietarios: bastaría con la presentación del título de propiedad para avanzar, eliminando la obligación de presentar una caución real, una garantía que hasta ahora funcionaba como resguardo ante posibles abusos o errores en el proceso.
Desde la perspectiva de los propietarios, la medida representa un avance esperado. Argumentan que los procesos actuales son excesivamente largos, costosos y muchas veces terminan favoreciendo situaciones de ocupación irregular prolongada. La posibilidad de recuperar un inmueble en cuestión de días podría, según este sector, incentivar la oferta de viviendas en alquiler y reducir la incertidumbre jurídica.
Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer. Organizaciones sociales y especialistas advierten que una reducción tan drástica de los plazos podría vulnerar derechos básicos de los inquilinos, especialmente en contextos de crisis económica. Señalan que tres días pueden resultar insuficientes para reunir fondos, negociar alternativas o incluso acceder a asesoramiento legal.
Además, la eliminación de la caución real genera preocupación en el ámbito jurídico. Este requisito no solo protegía al inquilino ante desalojos indebidos, sino que también obligaba al propietario a asumir cierto grado de responsabilidad en el proceso. Su supresión podría inclinar la balanza de forma considerable hacia una de las partes.
En este escenario, el debate no se limita a una cuestión técnica, sino que abre una discusión más amplia sobre el equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda. Mientras el Gobierno apuesta por agilizar los procedimientos y dinamizar el mercado inmobiliario, el desafío será evitar que la rapidez se traduzca en desprotección para los sectores más vulnerables.
La iniciativa aún deberá atravesar instancias de discusión legislativa y reglamentación, donde seguramente se pondrán en juego ajustes y posibles modificaciones.
