El gobierno nacional impulsó una profunda reforma en el sistema de atención y pensiones para personas con discapacidad, desatando una nueva oleada de tensiones políticas y sociales. La iniciativa, presentada bajo el título de lucha contra el fraude, busca modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad que el Congreso había ratificado previamente tras un veto presidencial.
El proyecto introduce cambios estructurales que, según las autoridades, buscan ordenar el gasto público, pero que las organizaciones del sector denuncian como un desmantelamiento de derechos adquiridos. Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta es la exigencia de un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios de pensiones no contributivas. El texto establece criterios de incompatibilidad más estrictos, determinando que el empleo formal será motivo de cancelación del beneficio, lo que ha generado preocupación sobre la inclusión laboral del colectivo. Además, el gobierno propone que las pensiones se mantengan en un valor equivalente al 70% de la jubilación mínima, eliminando adicionales por zonas desfavorables o condiciones específicas de invalidez.
En el ámbito de las prestaciones de salud, el proyecto plantea la eliminación del nomenclador nacional de aranceles, una herramienta que hasta ahora garantizaba valores uniformes para los servicios de rehabilitación y transporte en todo el país. Esta medida, sumada a la desregulación de las negociaciones con obras sociales y prepagas, hace temer a los prestadores por la viabilidad económica de los centros de día y escuelas especiales. El oficialismo sostiene que estas reformas permitirán una fiscalización más eficiente mediante el cruce de datos entre organismos como ANSES y ARCA.
La respuesta de la oposición y de las familias no se ha hecho esperar, calificando la medida como un avance sobre un sector extremadamente vulnerable en un contexto de alta inflación. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de depurar un sistema que considera plagado de irregularidades, el conflicto se traslada ahora al Congreso, donde se anticipa un debate legislativo marcado por la presión social y las advertencias sobre el alto costo político que podría acarrear un recorte en un área de sensibilidad extrema.
Hoy miércoles los prestadores de servicios de discapacidad declararon una jornada de protesta con paro de actividades. En nuestra ciudad, el Centro Educativo terapéutico Pasos, referente a nivel regional, se sumó a esta medida de fuerza. Los prestadores aducen que la eliminación del nomenclador sacaría los valores de referencia (hoy en muchos casos desactualizados) con lo cual haria más dificil la negociación y, eventualmente, los reclamos porque hoy el nomenclador es un piso, un mínimo del cual partir. Con este proyecto, explican, deja de haber valores universales y cada obra social, prepaga o el mismo Estado fijaría lo que paga.
Una jugada que parece peligrosa para un gobierno que ya probó lo que ocurre cuando se mete con temas socialmente sensibles. Más allá de las posiciones políticas, la calle le ha puesto un freno. Y eso, de cara a un año electoral y las apiraciones reeleccionarias que pueda tener la gestión Milei, con una economía que a nivel calle está estancada, puede llegar a volversele nuevamente en contra .
