Por Javier Pappalardo
Hay un dilema que nos vendieron como si fuera la única opción sobre la mesa. De un lado, el mercado libre y salvaje, el Estado reducido a un sereno que mira pasar la economía sin meter las manos. Del otro, el Estado que lo abarca todo, que produce, que emplea, que fija precios y que termina ahogando lo mismo que pretende proteger. Anarquía o estatismo. Elija usted.
Es una celada. Y como toda celada, funciona porque parece sentido común.
Porque existe un tercer camino, y no es una utopía de café. Tiene nombre técnico —economía mixta, economía social de mercado— y, sobre todo, tiene resultados. La idea de fondo es de una sencillez desarmante: el capitalismo es la mejor máquina que conoció la humanidad para producir riqueza, y es una de las peores para repartirla. Entonces no se elige entre uno y otro. Se usan los dos. Que el mercado haga lo que sabe hacer: crear, competir, invertir, generar el excedente. Y que el Estado, a través del sistema fiscal, haga lo que el mercado nunca va a hacer solo que es garantizar que ese excedente llegue a la educación, a la salud, a la infraestructura y a un piso de dignidad para todos. Producir con la cabeza de la derecha. Repartir con el corazón de la izquierda.
¿Suena a fantasía? Miremos a quienes ya lo hacen. Los países nórdicos —Dinamarca, Suecia, Noruega— tienen algunas de las economías más abiertas, competitivas y pro-mercado del planeta. Sectores privados pujantes, empresas globales, libertad económica de manual. Y al mismo tiempo cargan con la presión tributaria más alta del mundo y los estados de bienestar más generosos que existen. Conviven las dos cosas. Rompen, de un plumazo, el dogma de que más impuestos matan al crecimiento.
Pero acá viene el dato que casi nadie cuenta, y que es el corazón del asunto. Los nórdicos no financian semejante Estado clavándole la mano a los ricos ni persiguiendo al capital. Lo financian con un IVA altísimo y con fuertes impuestos al trabajo. Recaudan parejo, de toda la sociedad. Lo progresista no está en cómo cobran, está en cómo gastan. Cobran amplio y reparten fino. Esa es la distinción que se nos escapa cada vez que discutimos a los gritos. El truco no fue inventar un impuesto a la riqueza confiscatorio. Fue construir un Estado que la gente está dispuesta a financiar porque le devuelve servicios que valen lo que paga.
Ahora bien, no nos engañemos: la tesis tiene una tensión interna que hay que mirar de frente. Las dos mitades se necesitan y, mal calibradas, se matan entre sí. El sistema fiscal redistributivo depende de que la estructura capitalista produzca el excedente que va a redistribuir. Si el fisco aprieta hasta asfixiar, no hay huevos que repartir porque la gallina ya está muerta. La pregunta correcta, entonces, nunca fue cuánto Estado. Fue qué clase de Estado y qué clase de fisco. Porque un impuesto al cheque distorsivo no es lo mismo que un IVA parejo, y un subsidio clientelar no es lo mismo que una escuela que forma trabajadores más productivos. Y acá la conversación aterriza, inevitablemente, en la Argentina de hoy.
El gobierno actual eligió la primera receta sin matices: achicar el fisco al hueso. Y consiguió algo que no es menor y sería deshonesto negar. Ordenó las cuentas. Cerró 2025 con superávit primario y eliminó, de hecho, el peor impuesto de todos, el más regresivo, el que le pega más fuerte al que menos tiene: la inflación. Eso es un logro, y un columnista serio lo reconoce.
El problema es lo que viene después del aplauso. Porque ese equilibrio se construyó casi exclusivamente con la tijera sobre el gasto —un ajuste de cinco puntos del producto— y no con un sistema tributario mejor. La recaudación, mientras tanto, cae. Y se cae sobre la educación, sobre la obra pública, sobre lo que un país necesita para ser más capitalista, no menos. Se confunde adelgazar al Estado con vaciarlo de futuro.
Hay un número que ordena todo el debate y que casi nunca se dice. La presión tributaria argentina ronda el 27% del producto. El promedio de los países ricos de la OCDE está por encima del 34%. O sea: medido contra el mundo desarrollado, la Argentina ni siquiera está sobre-cargada de impuestos. Está mal cargada. El problema nunca fue el tamaño de la mochila, sino cómo está armada: un laberinto de retenciones, percepciones, alícuotas y ventanillas que vuelve carísimo cumplir y rentabilísimo evadir. No pagamos demasiado. Pagamos pésimo.
Por eso la salida no es la que grita la grieta. No es más Estado, como pretende el que defiende cada subsidio indefendible. Tampoco es menos Estado, como predica el que cree que la sociedad se ordena sola. Es otro Estado y otro fisco. Uno que cobre de manera simple, amplia y previsible, sin perseguir al que produce. Y que gaste con inteligencia en aquello que hace al propio capitalismo más fuerte: gente sana, educada, conectada y con un piso de derechos que sostenga la paz social sobre la que se hacen los negocios.
Redistribuir bien no es anticapitalista. Es, en realidad, lo único que vuelve sostenible al capitalismo. Le da trabajadores, le da consumidores, le da legitimidad. Le da, sobre todo, un país donde valga la pena invertir a treinta años.
Los que mejor viven en el mundo ya resolvieron este falso dilema hace medio siglo. No eligieron entre el mercado y el Estado. Los pusieron a trabajar juntos. Quizás sea hora de dejar de discutir cuál de las dos mitades tenemos que amputar, y empezar a discutir cómo hacemos que, por fin, las dos remen para el mismo lado. Ese, y no otro, es el camino.
