El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha la segunda etapa de su Revisión Tarifaria Integral (RTI). Este proceso, que cuenta con el asesoramiento técnico de la Universidad de Buenos Aires (UBA), busca determinar los costos reales de las empresas distribuidoras y establecer un nuevo esquema de inversión y precios para los próximos años.
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos aprobó los lineamientos para avanzar en el análisis de las cuatro principales prestatarias del territorio: Edelap, Edes, Edea y Eden. El objetivo central es auditar el estado físico de los activos de estas compañías y evaluar sus planes de inversión para modernizar una red eléctrica que ha mostrado señales de agotamiento ante la demanda actual. Aunque el proceso de revisión técnica no implica un aumento automático e inmediato, sienta las bases para definir cuánto pagarán los hogares y comercios bonaerenses en el futuro cercano. Las autoridades provinciales persiguen dos metas que a menudo resultan contrapuestas. Por un lado, la calidad del servicio, para lo cual se busca exigir inversiones obligatorias para reducir los cortes de suministro. Por otro, tema tarifas logrando una estructura de costos más homogénea en toda la provincia que sea sostenible para el bolsillo de los usuarios.
Esta revisión ocurre en un escenario de alta tensión tarifaria en Argentina. Mientras el Gobierno nacional aplica fuertes recortes a los subsidios mayoristas, la administración provincial de Axel Kicillof intenta recuperar el rol regulador del Estado sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente de la factura que depende directamente de la jurisdicción bonaerense. El avance de esta consultoría técnica con la Facultad de Derecho de la UBA permitirá al gobierno provincial tener datos precisos sobre la rentabilidad de las empresas antes de autorizar nuevos ajustes, en un intento por garantizar que cualquier incremento futuro esté respaldado por mejoras tangibles en la infraestructura eléctrica.
