La tasa de real vial, el uso que se le da a la plata que ingresa por ella, parece que es una cuestión que no solo está presente en Nueve de Julio. Otros distritos también cuestionan el uso de lo recaudado y exigen no solo más control sino más información. Las medidas y la paciencia de los productores varian de acuerdo al Partido. El contraste entre el estado de la red vial frente a lo aportado pone en el foco de la cuestión el uso de los fondos. Transparencia es la cuestión.
Un grupo de aproximadamente cincuenta productores agropecuarios de Necochea recurrió a la vía judicial para exigir al municipio información precisa sobre el destino de los fondos recaudados a través de la tasa vial. Los ruralistas denuncian que, a pesar de las importantes sumas abonadas por cada hectárea para el mantenimiento de los caminos rurales, el estado de las vías de comunicación en el sector productivo es deficiente.
Según el asesor legal del grupo, la comuna contaba con un periodo de 30 días para responder a un pedido de informes previo, el cual no fue atendido satisfactoriamente. Esta falta de respuesta habilitó la presentación de un recurso de amparo para forzar la transparencia en las cuentas públicas locales.

El malestar en el sector se profundiza al comparar la situación de Necochea con distritos vecinos como Tandil, Lobería o Tres Arroyos. Los productores sostienen que en esas localidades las tasas son considerablemente menores y, sin embargo, los caminos se encuentran en mejores condiciones. En el ámbito rural local, el tributo ha comenzado a ser apodado como un «pozo negro», debido a la incertidumbre sobre si los recursos se reinvierten efectivamente en infraestructura o si son desviados hacia otras áreas del presupuesto municipal.
Esta acción judicial busca establecer una base de prueba oficial sobre la recaudación y el gasto real. De confirmarse una disparidad significativa entre lo cobrado y lo invertido en los caminos, los demandantes no descartan iniciar una segunda etapa de reclamos legales para ajustar las cargas impositivas a la contraprestación de servicios que efectivamente reciben.