La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dictado una medida cautelar que paraliza las aplicaciones de agroquímicos en los municipios de Tandil y Rauch. La decisión, que responde a un reclamo histórico de asambleas vecinales, pone en suspenso las ordenanzas locales actuales y reabre un debate profundo sobre los límites entre la producción agrícola y la salud pública en el corazón de la zona núcleo.
El eje del conflicto
El máximo tribunal bonaerense determinó que las normativas vigentes en ambos distritos podrían resultar «regresivas» frente a los estándares de protección ambiental exigidos a nivel provincial y nacional. El fallo se centra en la vulnerabilidad de áreas sensibles, como la Cuenca del Arroyo Chapaleofú, y la cercanía de las aplicaciones a escuelas rurales, pozos de agua y zonas residenciales.
Los magistrados argumentaron que existe un «peligro en la demora», priorizando el principio precautorio. Bajo esta doctrina legal, ante la falta de certeza científica absoluta sobre el daño, se debe actuar a favor de la protección del medio ambiente y la salud humana, especialmente cuando están involucrados derechos de niños y adolescentes.
Reacciones contrapuestas
La noticia ha generado un sismo en el sector agroindustrial. Desde las entidades rurales advierten que esta medida afecta directamente a la capacidad productiva de miles de hectáreas. Productores de la zona señalan que, de confirmarse distancias de exclusión mayores (como los 1.095 metros solicitados por los demandantes), muchos campos quedarían en un limbo operativo, imposibilitando el uso de métodos de siembra convencionales. Por el contrario, los grupos de vecinos y organizaciones ambientales celebraron la medida como una victoria de la «causa colectiva». Sostienen que el modelo actual prioriza la rentabilidad por sobre la calidad del agua y el aire que respiran los habitantes de los pueblos periféricos.
Un escenario en revisión
El fallo no es una resolución definitiva sobre el fondo del asunto, sino una pausa obligada mientras la Justicia analiza si las ordenanzas municipales de Tandil y Rauch son inconstitucionales. Los municipios deberán ahora aportar informes técnicos detallados sobre el impacto de las fumigaciones y los controles reales que se ejercen en el territorio. Este caso se suma a antecedentes de alto impacto como el de Pergamino, donde las restricciones de distancia han marcado un precedente que la Suprema Corte parece estar dispuesta a consolidar en todo el territorio bonaerense.
