El Gobierno dispuso este viernes un nuevo incremento en las tarifas de transporte y distribución de gas natural, con subas que oscilan entre el 2,6% y el 2,8% en todo el país. La medida fue formalizada mediante una veintena de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), en el marco de las revisiones quinquenales del sistema regulatorio y la actualización del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Aunque el ajuste supera la inflación proyectada para junio, especialistas señalan que aún se encuentra por debajo del nivel necesario para reducir significativamente los subsidios al sector.
El aumento en las tarifas del gas contrasta con la estrategia aplicada en el sector eléctrico, donde el Gobierno decidió mantener subsidios, incluso en zonas de alto consumo como countries y Puerto Madero. Esta dualidad expone una tensión evidente entre la necesidad de ajustar las cuentas públicas y el temor a un mayor malestar social, especialmente en un contexto económico delicado y en pleno año electoral.
Mientras desde las empresas celebran lo que consideran un paso hacia una “mayor racionalidad tarifaria”, las asociaciones de consumidores advierten sobre el efecto acumulativo de los aumentos en un escenario de salarios estancados y pérdida del poder adquisitivo.
Con la llegada del invierno y el incremento esperado en el consumo de gas, el debate sobre la sostenibilidad del esquema de subsidios y su distribución se volverá aún más relevante. La disparidad en la política tarifaria, y el impacto desigual de los ajustes, pone en evidencia las dificultades del Gobierno para encauzar este item de su plan de acción.
