Luis «Toto» Caputo volvió al Ministerio de Economía y, con él, se reactivó una estrategia que ya conocemos: la toma de deuda a gran escala, a tasas altísimas, sin una sola línea de desarrollo productivo real detrás. Solo esta semana, el gobierno cerró un nuevo acuerdo tipo repo por 2.000 millones de dólares a una tasa superior al 8% anual. Ese monto se suma a los compromisos ya asumidos para este 2025: 20.000 millones con el FMI, 6.100 millones con el Banco Mundial, 1.000 millones en repos anteriores.
El total acumulado sólo en lo que va del año asciende a 29.100 millones de dólares, monto que —en cualquier otro contexto— activaría todas las alarmas institucionales. Pero aquí, la política económica se ejecuta en piloto automático y sin contrapesos efectivos.
Esta no es la primera vez que Caputo orquesta un endeudamiento masivo. Durante el gobierno de Mauricio Macri, su gestión fue aún más agresiva y dañina: 9.300 millones de dólares pagados a los fondos buitre, 65.980 millones emitidos en deuda externa, 2.750 millones colocados a través del infame bono a 100 años, 44.600 millones tomados del FMI en 2018 (sobre un total aprobado de 57.000 millones, que Alberto Fernández frenó al asumir).
Todo este esquema fue diseñado con plazos que comprometen a varias generaciones: deuda a 100 años, cargada de intereses y fuga. Sí, el bono a un siglo fue un símbolo, pero en realidad toda la deuda contraída en ese período está estructurada a largo plazo, con condiciones que garantizan dependencia y saqueo.
El saldo total de la «era Caputo» —sumando su primera etapa con Macri y su segunda con Milei— asciende a 151.730 millones de dólares. Un costo exorbitante que no se refleja ni en infraestructura, ni en desarrollo, ni en inclusión. Solo en pagos, comisiones, y evasión.
Una deuda impune, una causa dormida
Todo esto no solo es económicamente insostenible: es, además, jurídicamente cuestionable. La causa judicial que investiga la legalidad del endeudamiento durante la gestión de Macri —incluyendo la participación de Caputo— está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien mantiene el expediente dormido.
Existen documentos, listados y registros con el detalle de las transacciones financieras y las maniobras de fuga. Incluso en el Congreso de la Nación hay una computadora, desconectada de Internet, con la trazabilidad completa de la salida de capitales durante ese período. Sin embargo, ni la justicia actúa, ni el Congreso investiga, ni los partidos mayoritarios impulsan la rendición de cuentas. La impunidad es transversal.
Conclusión: deuda es destino… si nadie la enfrenta
Lo que estamos presenciando no es solo un modelo económico: es un patrón de sometimiento institucional y financiero. Miseria planificada con firma y sello. Y lo más grave no es que vuelva a ocurrir: es que quienes lo ejecutaron siguen decidiendo el destino del país sin haber rendido cuentas.
Mientras no haya una decisión política real de auditar y desconocer la deuda ilegal —como ya lo han hecho otros países soberanos en la historia—, el futuro seguirá hipotecado. No por falta de recursos, sino por falta de coraje.
Porque, como decía Julio Cortázar: «Cuando el pueblo se cansa, pone todo en su sitio.» La pregunta es cuánto más estamos dispuestos a tolerar.
