Por Redacción Extra Digital
Hay una regla no escrita en política que los argentinos conocen de memoria pero que los gobernantes olvidan con asombrosa regularidad: la sociedad puede tolerar la pobreza, puede aguantar la inflación, puede bancar ajustes dolorosos, pero no perdona la hipocresía. Cuando quien predica austeridad vacaciones en Aruba, refacciona propiedades con dinero que no tenía, y encima miente al respecto, el contrato moral con la ciudadanía se rompe. No importa el monto. Importa el gesto.
El caso de Manuel Adorni se analizó ya del derecho y del revés. Las conclusiones son dos y ninguna es menor. Primera: el jefe de Gabinete manejó en compra y refacciones de propiedades una suma de dinero que no tenía ni en sus sueños cuando asumió en 2023. Segunda: mintió. Dijo haber tomado solo cuatro días de vacaciones desde que ingresó a la función pública. Se comprobó que viajó a Punta del Este, a la isla caribeña de Aruba y al hotel más exclusivo de Bariloche. Mentira documentada, no inferida.
Dos causas judiciales lo asedian: una por los viajes en avión privado, otra por presunto enriquecimiento ilícito. El juez a cargo de la investigación más importante es Ariel Lijo, el mismo que Milei propuso para la Corte Suprema y que el Senado rechazó. Nadie sabe —y esa ignorancia es en sí misma un dato político— si Lijo actúa ahora como magistrado o como acreedor de un gobierno que le debe un cargo.Algunos mileistas señalan, con cierta razón aritmética, que la supuesta corrupción de Adorni es solo una sombra de lo que ocurrió durante el kirchnerismo. Es verdad. Pero es un argumento que no cierra. No existe un barómetro para medir la honestidad de los funcionarios: se es honesto o no se es, con independencia de la escala. La ciudadanía que votó a Milei no lo hizo para tener una corrupción más pequeña. Lo votó para no tener ninguna. Esa es la diferencia que el oficialismo no termina de entender, o no quiere entender.
Adorni no se va porque Milei no quiere que se vaya, y Milei no quiere que se vaya porque no tiene con quién reemplazarlo. Esa es la verdad sin eufemismos. Un funcionario con despacho en la Casa de Gobierno lo describe con una franqueza que incomoda: ya no saben con quién hablar ni qué puerta tocar. Lo que esa imagen revela no es solo desorganización: es el resultado de años de peleas internas que destruyeron la red informal de coordinación sin la cual ningún gabinete funciona. Karina Milei manda. Adorni porta el título. Y en el medio, la gestión se mueve a tientas.
La escasez de reemplazantes no es accidente: es el precio de una forma de gobernar que expulsa a quienes tienen trayectoria. Diana Mondino, desplazada de la Cancillería sin explicación válida. Osvaldo Giordano, eyectado de la Anses porque su esposa votó como diputada en un sentido que disgustó al Presidente. Sonia Cavallo, removida de la embajada ante la OEA porque su padre criticó la política económica en un blog personal. En los tres casos, Milei no solo decidió: se ufanó. La injusticia y la humillación caminaron del brazo, y el mensaje llegó claro al resto del sistema político: acercarse tiene un costo que pocos están dispuestos a pagar.
Un gobierno que no puede reemplazar a sus funcionarios cuestionados porque no tiene con quién hacerlo no está gobernando con fortaleza sino con inercia. Y la inercia, en política, siempre tiene fecha de vencimiento. La pregunta que circula en los despachos ya no es si Adorni se va. Es cuándo ese dato deja de ser el problema y se convierte en el síntoma de un modelo de conducción que confunde la lealtad ciega con la virtud, y que aprendió a echar con orgullo a quienes más necesitaba. Eso, a diferencia de la inflación, no se corrige con una hoja de Excel.
