Un grupo de intendentes bonaeresnes se presentó ante la Cámara de Diputados para exigir una respuesta urgente a la asfixia económica que atraviesan sus distritos. El encuentro, que tuvo lugar en La Plata, marca un punto de inflexión en el reclamo por los recursos que la administración de Axel Kicillof aún no ha transferido a los municipios.
La comitiva que encabezó el reclamo refleja la magnitud del conflicto, ya que no se limita a un solo color político. Entre los presentes estuvieron Maximiliano Suescun, intendente de Rauch y presidente del Foro de Intendentes Radicales, junto a Franco Flexas de General Viamonte, también de la UCR, y Javier Gastón, jefe comunal de Chascomús perteneciente a la fuerza massista. Esta alianza estratégica busca demostrar que la preocupación por la estabilidad institucional y financiera es compartida tanto por la oposición como por sectores aliados al oficialismo provincial.
El eje de la discusión se centró en la necesidad de transformar el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal en recursos de «libre disponibilidad». Originalmente destinados a obras de infraestructura específicas, los intendentes solicitan que, ante el agravamiento de la crisis, se les permita utilizar el 100% de ese dinero para cubrir gastos corrientes, tales como el pago de salarios y la continuidad de servicios esenciales. Esta petición surge como una medida de emergencia frente a una inflación que ha erosionado el poder adquisitivo de las partidas presupuestarias aprobadas a finales del año pasado.
Este grupo de intendentes actúa en representación de una estructura más amplia denominada Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo. Este espacio, del cual también participa la Intendente Maria José Gentile, agrupa a 70 jefes comunales de diversos signos políticos, desde el peronismo y el radicalismo hasta el PRO y fuerzas vecinalistas. La presencia de figuras como Suescun y Gastón ante autoridades legislativas como el presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, y diputados de diversos bloques, subraya la intención de elevar el conflicto a una instancia de negociación política superior, más allá de la burocracia ministerial.
Sin embargo, el reclamo de mayor autonomía financiera choca con las recientes medidas adoptadas por el Ejecutivo provincial. Mientras los intendentes piden menos restricciones, el Ministerio de Infraestructura publicó una nueva resolución que endurece los controles sobre el uso de los fondos para obras públicas. Esta normativa exige documentaciones técnicas exhaustivas y condiciona los pagos a avances físicos estrictos, lo que en los municipios es interpretado como un avance del centralismo en un momento donde la realidad local demanda flexibilidad y rapidez.
Pese a las diferencias, el encuentro en la Cámara de Diputados dejó entrever una posible «luz al final del túnel». Se baraja la posibilidad de modificar la legislación actual para permitir que otros recursos, como el Fondo Educativo, puedan ser la llave que destrabe la situación financiera de las comunas. Mientras se espera la conformación de una comisión bicameral para avanzar en soluciones concretas, los intendentes advierten que los tiempos legislativos no coinciden con las urgencias de los vecinos, quienes ya perciben el impacto de la parálisis en las obras y los servicios públicos locales.
