En un gesto que contradice la estrategia del Gobierno, el fiscal federal Carlos Stornelli reivindicó el derecho constitucional a la protección de las fuentes periodísticas y rechazó los pedidos de allanamientos a periodistas en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal. La investigación fue impulsada por el propio Ejecutivo, en medio de la crisis política desatada por el escándalo de coimas que involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Stornelli, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, fue categórico al señalar que la causa que instruye no podrá avanzar sobre el trabajo de la prensa. “No podrá hurgarse en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional”, sostuvo, y aclaró que sólo podrían considerarse aportes voluntarios que contribuyan a esclarecer los hechos.
Además, recordó que esa protección incluye la inviolabilidad del domicilio salvo orden judicial fundada. “No obstante, ello no impide el análisis de las conductas ya efectuadas”, matizó el fiscal, sugiriendo que el foco de la causa debe mantenerse en los responsables del presunto espionaje, no en quienes difundieron la información.
Investigación en curso
Stornelli explicó que, aunque la denuncia presentada por el Gobierno menciona a ciertas personas, será la investigación la que determine si existió un hecho delictivo y quiénes fueron sus autores, cómplices o encubridores. Según el fiscal, la maniobra a esclarecer se remonta, al menos, al momento en que se difundieron las primeras grabaciones, aunque podrían rastrearse actos preparatorios previos. Consideró que podría tratarse de una “operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos”, lo que exige, a su juicio, una investigación exhaustiva.
Con ese marco, Stornelli ordenó avanzar con las medidas de prueba pertinentes para identificar la trama detrás de los audios difundidos, los cuales —sugiere— habrían sido manipulados y puestos en circulación con fines políticos.
