Hay funcionarios que no aprenden. O que aprenden demasiado bien. El Dr. Alejandro Casas, Juez de Paz Letrado de 9 de Julio, viajó al exterior entre el 24 de abril y el 2 de mayo de 2026. No era feria judicial. No era un período inhábil. Era una semana común, de esas en las que el trabajador de Yomel necesita certificar una firma, la docente busca una medida urgente, el policía consulta un trámite y la empleada del correo golpea una puerta que no puede esperar. Pero el juez no estaba. Mientras el magistrado se bronceaba a dos mil quinientos kilómetros de 9 de Julio, la puerta del juzgado seguía ahí. Y los vecinos, también.
La comunidad no acusa. La comunidad pregunta. Y a veces las preguntas correctas resultan más incómodas que las acusaciones. Estaba en República Dominicana, según surge de su propio estado de WhatsApp: él, su pareja y el Caribe detrás. Una imagen difícil de compatibilizar con cualquiera de las circunstancias excepcionales que normalmente justifican una licencia extraordinaria fuera de los períodos establecidos.
No es la primera vez.
Tiempo atrás, el Dr. Casas viajó a Madrid. No tenía autorización. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tomó conocimiento y el magistrado debió interrumpir el viaje y regresar. El episodio es conocido dentro del ámbito judicial del departamento. No fue un secreto entonces y no debería serlo ahora. Esta vez, en cambio, el viaje se completó.
Lo que la comunidad no sabe —y tiene derecho a preguntar— es bajo qué modalidad se autorizó la ausencia. ¿Existió autorización de la Suprema Corte? ¿Cuál fue el fundamento? ¿Qué causal administrativa justificó la licencia? Y si existió una razón médica o excepcional, ¿cómo se compatibiliza con una estadía recreativa en el Caribe exhibida públicamente por el propio magistrado?
Las preguntas siguen. Y se acumulan.
Hubo un subrogante designado. El Dr. Jorge Aldo Martínez, titular del Juzgado de Paz de Los Toldos, asumió formalmente esa función. Y firmó resoluciones. Lo que muchos vecinos se preguntan es desde dónde lo hizo. Porque Los Toldos está a cincuenta y nueve kilómetros de 9 de Julio. El expediente digital y la firma electrónica lo permiten. Un juez puede despachar desde cualquier lugar con conexión a internet. El sistema no lo impide. Y justamente por eso debería exigir mayores controles, no menos.
Durante esa semana, el Juzgado de Paz de 9 de Julio tuvo un juez titular en el Caribe y un juez subrogante designado a cincuenta y nueve kilómetros. Las firmas salieron. Los expedientes avanzaron. Pero muchos vecinos siguieron encontrando una Justicia sin jueces.
Y ahí aparece el verdadero problema.
Porque la discusión ya no pasa solamente por un viaje, una licencia o una fotografía. La pregunta de fondo es otra: ¿quién controla que la Justicia de Paz de una ciudad del interior bonaerense sea algo más que una dirección dentro de un sistema digital?
La Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte debería despejar esas dudas. No para perseguir a nadie, sino porque el criterio institucional debe ser igual para todos. Si un docente presentara una licencia incompatible con una estadía recreativa en el exterior, las consecuencias administrativas serían inmediatas. Habría explicaciones, sumarios y controles. La vara no puede modificarse según el cargo del funcionario involucrado.
El Dr. Casas ya sabe lo que ocurre cuando un viaje sin autorización se vuelve público. Pasó con Madrid. Esta vez el Caribe quedó atrás, pero las preguntas llegaron antes que él. Y queda una última, quizás la más fatigosa de todas: ¿qué lleva a un juez a exhibir públicamente un viaje de estas características mientras su juzgado permanece sin su presencia? Tal vez exista una sola explicación posible: la certeza de que no va a pasar nada.
El Dr. Casas tiene, naturalmente, derecho a dar sus explicaciones. Este medio las publicará con la misma amplitud con que formula hoy estas preguntas. Esa certeza tiene historia.
Cuando tiempo atrás trascendió otra denuncia en su contra, el Dr. Casas no discutió los hechos. Preguntó otra cosa: «hay que ver de quién viene la denuncia». Como si el origen importara más que el contenido. Como si la verdad dependiera de quién la dice. Fue entonces cuando un vecino de 9 de Julio —contador público y profesor— le respondió en plena vía pública, sin expediente, sin protocolo y sin toga: «Todos te conocemos, Casitas».
A veces la institucionalidad que falla en los despachos la sostiene la gente en la vereda. Porque 9 de Julio aun es un pueblo chico. Y acá nos conocemos todos.
